La cifra de casas planificadas en la barriada de la estación de Arroyo-Malpartida se recortará y el catálogo de bienes protegidos se revisará. En estas ideas coincidieron ayer PSOE, IU y FC en un encuentro en el que ediles de estos grupos analizaron tres de las observaciones que la Consejería de Fomento ha planteado al nuevo Plan General Municipal de urbanismo. En principio esta reunión se convocó como comisión local de Urbanismo, que no se llegó a celebrar tras anunciar el PP que la impugnaría por defectos en la convocatoria. Pero esto no impidió que, a pesar de que los concejales del PP se ausentasen, los ediles de los otros partidos entrasen en el análisis de las observaciones planteadas desde la consejería en relación a la planificación de viviendas en la estación de Arroyo, donde el plan proyecta 1.733, al catálogo de bienes protegidos y al coste del mantenimiento de la ronda este, especialmente si se hace con túnel.

Todo lo que se habló ayer se tendrá que tratar en la próxima comisión de Urbanismo, convocada para el día 29 con la presencia del PP, dado que la reunión de ayer fue informal. Pero este encuentro sirvió al menos para que se avanzase en las correcciones del plan. No se tomó ningún acuerdo al estar ausente el PP, aunque permitió constatar que PSOE, IU y FC, partidos que suman 13 de los 25 votos de la corporación, están de acuerdo en dos de las puntualizaciones más importantes que plantea la Junta (la estación y el catálogo).

La principal observación de la consejería conlleva un recorte en la previsión global de viviendas y grandes zonas verdes. Tras esta puntualización, las más significativas son las que afectan a la estación de Arroyo, al catálogo, a la Carmelitas, al hotel entre estaciones o a la actuación proyectada en el colegio Diocesano. Esas observaciones de la consejería se realizan para que el ayuntamiento las valore e incluya en el nuevo plan de cara a su aprobación definitiva, que debe darla la Junta de Extremadura.

El catálogo afecta a más de un centenar de bienes, la mayoría edificios, y a ocho núcleos de viviendas. Lo que plantea la consejería es que los dueños de algunos de estos edificios podían exigir al consistorio una indemnización por la pérdida de los posibles beneficios que le causaría la catalogación de su inmueble.

La consejería no dice que tengan derecho a ello, sino que avisa de que existe esa posibilidad y que sería una carga económica para el ayuntamiento. A lo que se está refiriendo es a los edificios que están en calles del centro, en las que el plan de urbanismo en vigor desde 1999 permite alturas superiores a las que ahora tiene el inmueble. Ejemplos son Virgen de Guadalupe o Cánovas, donde actualmente se permiten diez plantas y hay edificios que tienen una altura inferior, que el nuevo plan protege y que no se podrían derribar para levantar más plantas.

Propietarios de varios de los inmuebles catalogados presentaron alegaciones al plan general, que se desestimaron por el ayuntamiento en la anterior legislatura con, entre otros argumentos, la obligación que marca la legislación de que en el suelo urbano se mantenga el grado de consolidación que ha sido característico en el último medio siglo, que es lo que se fija con la catalogación, además se precisaba en esas respuestas que el inmueble no quedaría con menos valor, sino que mantiene el que tiene con el volumen con que ahora cuenta.

Otra consideración que hace la Consejería de Fomento es que parece que hay edificios incluidos en el catálogo que no tienen valor para que sean conservados.

En cuanto a las observaciones de Fomento en relación a la estación de Arroyo-Malpartida, destaca que con ese volumen de viviendas se afectaría a las redes generales (vía de acceso, red de abastecimiento...) que implican a varias administraciones y que no se habrían valorado. Este núcleo se plantea en el plan general para dar a la ciudad una alternativa para segundas residencias.