El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) obliga a la administración del Estado y a Adif a pagar 126.010 euros por una expropiación que estaba mal valorada (los terrenos fueron expropiados para realizar obras del AVE). La finca se encuentra en la Zona Especial de Protección de Aves conocida como embalse de Alcántara y tiene una superficie de 224 hectáreas. La construcción de la línea férrea ha obligado a dividir la finca en dos partes, una de 170 hectáreas y otra de unas 50. Los demandantes aseguran que, tras este hecho, la explotación «es más complicada y costosa» y han tenido que realizar construcciones para su manejo. El dinero que deben pagar tanto el Estado como Adif corresponde a la propiedad, al derecho de servidumbre y a los nuevos cerramientos y alambradas que se han instalado. Cabe recurso al Supremo contra el fallo del TSJEx.