En la situación actual de la política interna española- como ha ocurrido recientemente con la desdichada «crisis catalana»- aparecen numerosos entendidos, especialistas, comentaristas y responsables de la información, que se autocalifican de «defensores del Estado de Derecho» para reclamar la razón y la fuerza probatoria que asiste a sus argumentos en contra de los defensores de las libertades de los pueblos. Pues el ‘Estado de Derecho’ es, para ellos, un conglomerado jurisdiccional donde haya muchos jueces, fiscales, policías y cárceles, encargados de reprimir las tendencias ideológicas de los ciudadanos libres; evitando sus manifestaciones, reuniones, expresiones o «pintadas» en las que se exterioricen posturas distintas a las «oficiales».
Incluso, subrayando que en un «Estado Democrático de Derecho» lo único que hay que hacer es cumplir con las leyes vigentes y dejarse de «zarandajas» populistas y utópicas, que solo vienen a distorsionar la laxa normativa vigente. La que permite a unos cuantos defraudar a la Hacienda Pública, repartirse entre ellos los fondos de inversión de un Banco, o distribuir entre sus «clientes» los puestos y cargos de la administración de una provincia, de cualquier Comunidad Autónoma -para acabar de esquilmarla- o del territorio nacional completo. La reciente tradición» de gobierno de estos partidos liberales y conservadores era, al fin y al cabo, «privatizar» las empresas públicas, conceder contratos irregulares a sus amigos y clientes o ayudar con «mamandurrias» y subvenciones a los banqueros y empresarios que fueran perdiendo sus caudales con la «crisis». Pues esta ha sido una «crisis» económica muy bien explotada y con excelentes beneficios para los más ricos.
Si los pueblos de la historia hubieran «cumplido las leyes vigentes», con el entusiasmo con que lo predican y exigen los conservadores más cavernícolas; ahora no conoceríamos la democracia. Las mujeres no podrían votar, ni existirían libertades y derechos constitucionales; como los que ahora conculcan los que mandan a la policía contra los que los exigen.
Derechos que fueron conquistados, precisamente, cuando estos pueblos dejaron de cumplir las leyes entonces vigentes, y las reformaron para conseguir «Libertad, Igualdad y Fraternidad». Condiciones políticas que vamos a tener que «conquistar» de nuevo.
Por eso creo que es muy oportuno - desde un profundo recorrido social de la Historia - explicitar lo que es un «Estado de Derechos»; no solo de «Derecho», que es más restrictivo y lineal. Sino un Estado que sea capaz de garantizar a sus ciudadanos todos los derechos, libertades y previsiones de futuro, que fueron conquistadas por las revoluciones históricas. En el curso de aquellas gloriosas secuencias de subversión popular y callejera, en las que las gentes de los países más civilizados se negaron a «cumplir las leyes», y decidieron crear otros marcos políticos, que les aseguraran el «Pacto Social» por el que se constituía el Estado Democrático.
Es ingenuo pensar que las clases privilegiadas van a defender el «Estado de Derechos», a menos que esos derechos sean privados, exclusivos y que favorezcan a los estamentos superiores. Se proclamarán defensores del «Estado de Derecho» y de las leyes que estén vigentes desde tiempos pasados; pero nunca para reconocer otros «derechos» que por ahora están todavía fuera de las leyes.
