Usted no lo sabe pero la situación de la ciudad es tan delicada que alguien ha propuesto que se declare el estado de emergencia. ¿Cuál es la causa? La imprevisión y la chapuza del ayuntamiento con la concesión del servicio de limpieza.

El servicio de limpieza concluía su contrato el 31 de diciembre. Eso se sabía desde hace ¡15 años! En junio comenzaron a elaborar el pliego de condiciones para la nueva contrata. Pues no han sido capaces de lograrlo. El grupo popular no ha tenido ni la capacidad de diálogo necesaria para consensuar un texto ni la lucidez imprescindible para ofrecer una redacción neutral y justa que hicieran posible su aprobación.

Llegado el día 31, el alcalde cuenta con un informe del responsable de la asesoría jurídica en el ayuntamiento, el secretario, en el que se le dice que no puede prorrogar el contrato. ¿Supone eso que la ciudad se inunde de basura? No, porque el servicio es deber del ayuntamiento y lo único que hace al concesionarlo es ponerlo en manos de un gestor ajeno a él. Así pues el día 1, el propio ayuntamiento tenía poder y medios para comenzar a gestionar el mismo servicio, con los mismos medios y el mismo personal pues ambos pertenecen al ayuntamiento. Hecho esto, emprende otro camino más enrevesado y peligroso: una resolución de la alcaldía por la que se prorroga la concesión durante seis meses y pretende que se lo convalide un pleno de urgencia.

Como en el pleno hay gente que sabe de leyes y prevaricaciones no quiere admitir dicha responsabilidad y puesto que ya se está prestando el servicio por parte del ayuntamiento no hay urgencia de manera que recibe un varapalo en forma de negativa a celebrar el pleno. Podía haber convocado el pleno para dar cuenta de la resolución y no lo hizo, en contra de alguna sugerencia. Aunque en tal caso la resolución no hubiera cambiado su calificación legal y habría tenido que escuchar las críticas de todos los demás. ¿Y ahora qué? ¿Seguirá empecinado en la resolución con los riesgos que conlleva? ¿Se bajará de su encastillamiento?

El problema no está en el concesionario. Ni en el supuesto de que alguien en el ayuntamiento fuera partidario de que vuelva a conseguir la concesión la misma empresa. El problema está en que la prepotencia y la ignorancia son muy malas consejeras y desembocan en la chapuza y acaso en la ilegalidad. Quien está en estado de emergencia es el ayuntamiento cacereño.