La exalcaldesa Carmen Heras ha presentado recurso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos por el caso Urban Screens, por el que el Juzgado de lo Penal 2, la Audiencia y el Constitucional la han condenado a ocho años de inhabilitación para ejercer como cargo público (sí puede trabajar como empleada pública, por lo que continúa con su trabajo en la universidad) por un delito de prevaricación. En este caso fueron condenados también a ocho años de inhabilitación los exconcejales de Innovación y Turismo, Víctor Santiago Tabares (PSOE) y Francisco Torres (Prex-Crex), respectivamente. Tras conocerse la condena Carmen Heras dimitió como presidenta del PSOE en Extremadura, cargo que ostentaba entonces, y se vio obligada a dejar la militancia.
El recurso se presenta tras haber agotado todas las vías judiciales, es decir el recurso ante la Audiencia Provincial y de amparo ante el Tribunal Constitucional (ambos desestimaron la petición). Su abogado defensor, Emilio Cortés, asegura que no existen pruebas de que la exalcaldesa conociera los cauces a seguir para el pago de las facturas que entrañó el festival. El recurso ante el tribunal de derechos humanos se presenta alegando el derecho al principio de legalidad y a la presunción de inocencia.
Según el fallo de lo Penal y que después ratificó la Audiencia Heras, junto a los dos ediles, fraccionaron en cuatro facturas el pago de 81.373 euros que costó el festival para burlar la ley de contratos públicos y evitar así sacar a concurso la celebración de este evento. La cita se encargó de iluminar las fachadas de los principales edificios históricos de la ciudad para potenciar la declaración de Cáceres como capital europea de la cultura en 2016, título que finalmente no logró.
Según la sentencia Avivart, que fue la empresa que organizó el Urban Screens, firmó un convenio con el Consorcio Cáceres 2016 (creado para potenciar esta declaración y del que Carmen Heras ejercía de presidenta) en virtud del que este organismo se comprometía a aportar 60.000 euros para la celebración del festival. Más tarde los promotores comunicaron a Heras que, al no tener suficientes patrocinadores, necesitaban más dinero para poner en marcha el evento.
no le dio publicidad / Así Carmen Heras, que también era en aquel momento alcaldesa de Cáceres, «conocedora por su cargo de que era necesario abrir un proceso de contratación que garantizase el libre acceso a cualquier empresa en un procedimiento abierto y con publicidad», decidió que el ayuntamiento realizara dicha aportación económica a Avivart. Tal y como publicara este diario y recogía el fallo, la cantidad a la que hizo frente el ayuntamiento fue de 81.373 euros.
Para poder imputar el pago a las cuentas del consistorio Heras se puso en contacto con Torres y Santiago Tabares para preguntarles si había alguna manera de que las actividades de este festival se pudieran pagar desde sus concejalías. «Todos ellos, de común acuerdo y a sabiendas -dice el fallo- de que la cuantía del contrato era superior a 18.000 euros» (cantidad máxima para un contrato menor), «decidieron fraccionar los distintos servicios objeto del contrato (aun cuando sabían que se trataba de prestaciones con un solo objeto) burlando notoriamente la ley».
Así Innovación firmó dos contratos: para pagar la iluminación de la fachada de la Preciosa Sangre (11.994 euros) y la del Chalé de los Málaga (11.994 euros). Y Turismo sufragó la puesta en marcha de la página web que divulgaba el festival (9.600 euros). Estas tres facturas no fueron suficientes para cubrir el total de la deuda con la empresa organizadora. Por esta razón, señala la juez, Carmen Heras firmó una última factura por un importe de 47.782 euros en concepto de «proyecciones audiovisuales». Todos los recibos se han abonado a la empresa que promovió el festival, pese a que contaban con informes negativos de Intervención y Tesorería del ayuntamiento.
