El exjefe de Sanciones de Tráfico se enfrenta a 6 años de prisión

Son las penas que, según ha podido saber este diario, pide para él la fiscal encargada de la causa que se derivó, hace ya tres años y medio, de la supuesta trama de corrupción que se destapó en la mencionada jefatura provincial y en la que se imputa, además de al exjefe del Negociado de Sanciones, a otros dos funcionarios, F. N. R. y L. G. B., y a un agente de seguros, J. S. Q.

Todos ellos están acusados de un delito continuado de falsedad en documento oficial por el que el ministerio fiscal pide para cada uno 6 años de prisión, inhabilitación especial por 4 años y multa de 2.742 euros; un delito continuado de prevaricación administrativa, por el que se enfrentan a 9 años de inhabilitación; y de un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios, por el que se pide para cada uno 2 años de suspensión de empleo o cargo público y multa de 1.650 euros.

LA TRAMA Según el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Fiscal al que ha tenido acceso EL PERIODICO, los hechos de los que se les acusa y por los que próximamente serán juzgados habrían ocurrido entre los años 1999 y 2004, siendo jefe del Negociado de Sanciones J. C. V.

Este, según la acusación pública, "valiéndose de su privilegiada situación en la jefatura Provincial de Tráfico, en comnivencia con el resto de acusados, a algunos de sus conocidos que acudían a sus despachos, o a aquellos otros que les eran presentados o derivados por el resto de los acusados, y que habían sido sancionados administrativamente con una abultada multa o/y privación del permiso de conducir, les ofrecían solucionarles el problema". Para ello, añade el escrito fiscal, J. C. "encargó la confección de un sello de entrada similar al original utilizado en el Negociado de Sanciones de la Jefatura de Tráfico".

De este modo se revocaban y anulaban sanciones que, al parecer, los afectados recompensaban con pagos.

Durante la instrucción de la causa, de la que se hizo cargo el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Cáceres, se habrían apreciado irregularidades en más de medio centenar de sanciones. En el escrito de calificación de los hechos del Ministerio Fiscal se recogen, como ejemplo, una veintena de casos de expedientes en los que presuntamente actuaron.

Se trata de sanciones de entre 40.000 y 75.000 pesetas y de entre 120 y 600 euros, además de entre 1 y 3 meses de privación de conducir, por excesos de velocidad y conducción alcohólica, que presuntamente habrían manipulado los acusados entre 1999 y noviembre del 2004, fecha en que con la detención de los acusados salió a la luz la presunta trama de corrupción en la Jefatura Provincial de Tráfico.

La investigación, según fuentes cercanas al caso, ha sido larga y compleja, motivo por el que ha tardado más de tres años en concluirse y por lo que el juicio de los imputados, a celebrar en el Juzgado de lo Penal de Cáceres, aún se demorará.