El exjefe de Asuntos Jurídicos de la Jefatura Provincial de Tráfico, J. C. V., reconoció ayer en el juicio por el presunto caso de corrupción en Tráfico para anular sanciones, que elaboró varios escritos de alegaciones y recursos a multas de circulación para conocidos y amigos.
Estas alegaciones y recursos servían de base con posterioridad para que las sanciones se revocaran o se confirmaran, una decisión final en las que él intervenía directamente como responsable de las propuestas de resolución, aunque no lo hacía en todas. El negó ser "juez y parte" ya que, aunque para su propuesta de resolución de las sanciones tenía que tener en cuenta esas alegaciones elaboradas por él mismo, lo hacía con "la objetividad obrante en el expediente".
J. C. V. y otros tres acusados, dos funcionarios más de Tráfico y un agente de seguros, se sentaron en el banquillo de los acusados como presuntos participantes de una trama para anular sanciones graves de tráfico a conductores de la provincia.
La Fiscalía les acusa de un delito continuado de falsedad de documento oficial, prevaricación y negociaciones prohibidas a funcionarios, por los que solicita para cada uno 6 años de prisión y 15 de inhabilitación. Los abogados piden la absolución, aunque al cierre de esta edición no había concluido la vista oral dado el elevado número de testigos propuestos, más de treinta, y por lo tanto se desconocía si hubo alguna modificación a última hora.
EL FALSO SELLO DE ENTRADA El presunto caso de corrupción salió a la luz pública en agosto del 2004, aunque los expedientes de sanciones en los que supuestamente se detectaron irregularidades se remontan a 1999.
La investigación de la Guardia Civil se inició tras una denuncia del propio jefe provincial de Tráfico alertado por un número presuntamente inusual de revocaciones de sanciones y la constancia de algunas irregularidades administrativas. Entre ellas, la existencia de escritos de alegaciones o recursos registradas con fecha de entrada con un sello supuestamente distinto al usado habitualmente en la jefatura, y que no se ha podido localizar.
El exjefe de Asuntos Jurídicos reconoció que había encargado un segundo sello para el registro de entrada en una papelería cercana a su despacho profesional, pero que lo hizo para dar "fluidez" al registro de papeles en la jefatura y que "nunca" lo utilizó ni en su despacho ni fuera. Añadió, además, que en 1999 había "cuatro sellos o más" para registrar la entrada de los escritos. "En Tráfico había tal desorden que nunca ha existido control de los sellos", manifestó.
El sello falso se usó aparentemente en varios expedientes para dar como registrados escritos de alegaciones que realmente no se habían presentado, pero que al hacerlos constar en los recursos posteriores y al no haberse tenido en cuenta, llevaba a la revocación de las sanciones.
PERSECUCION INTERNA Los abogados defensores, fundamentalmente el representante de J. C. V., trató de evidenciar que en la denuncia contra el exjefe jurídico y en la posterior investigación subyacía una "persecución" del director provincial y un "problema de competencias" con el entonces jefe de Sanciones.
Además, se argumentó que J. C. V. no conocía previamente en qué expedientes tendría que intervenir para proponer su resolución, ya que no lo hacía en todos y que no dependía de él la selección de los mismos.
