Casi un tercio de la población reclusa cacereña es de procedencia andaluza, de ahí que se den numerosas peticiones de traslado a la comunidad autónoma vecina, al objeto de que los internos estén al lado de sus familiares. Durante el pasado año el Defensor del Pueblo andaluz atendió gran parte de estas demandas y estimó necesario el traslado de estos presos, que principalmente se encuentran en los centros de Cáceres y Badajoz. El Defensor del Pueblo andaluz, que preside José Chamizo, califica de urgente estos desplazamientos ya que, en su mayoría, los familiares de los internos que cumplen condena en las prisiones extremeñas no tienen los recursos económicos suficientes para trasladarse periódicamente de sus domicilios a Extremadura.
