La sentencia respecto a Maltravieso de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJEx supone que todo lo ejecutado en este sector en base a la modificación aprobada por el ayuntamiento y que ahora ha resultado anulada "no es legal y tendría que desaparecer". Pero, ¿qué ocurre si las viviendas que por la sentencia son ilegales están terminadas e incluso ocupadas en algunos casos? Este es el problema, señalan fuentes jurídicas consultadas por este diario, que reconocen que ejecutar las sentencias en los casos que afecta al urbanismo "no resulta nada fácil".

El problema radica en que ante un proceso judicial en un asunto de urbanismo "no se puede suspender la actuación con carácter previo, pues de no ser estimado el recurso las indemnizaciones por la paralización serían muy elevadas". En el caso de Maltravieso --contra la sentencia de la Sala del TSJEx cabe recurso ante el Supremo-- la única solución, añaden las fuentes consultadas, sería su legalización mediante una modificación al Plan General, "cuya necesidad habría que demostrar y justificar, pues de lo contrario podría interpretarse como hecha para burlar la sentencia".