El proceso de la consecución del suelo por parte del ayuntamiento para la ampliación del Parque del Príncipe no ha finalizado. Hay parte de una de las tres fincas que se expropiaron a la sociedad GP Promoción del Suelo que aún está pendiente de obtenerse, según advirtió el edil de Urbanismo, Valentín Pacheco, en la junta local de gobierno que se celebró el 13 de mayo. Es un terreno residual, pero es la zona donde más se ha pagado por el consistorio a causa de las expropiaciones. Ya se ha pagado 28,5 millones de euros en dinero y por el valor del suelo que se permutó y quedan al menos otros 3,3 millones de intereses de dos de las expropiaciones.

En la resolución de 2003 del Jurado de Expropiaciones Forzosas en la que se hizo la primera estimación del precio a pagar por el ayuntamiento a GP Promoción del Suelo se indicaba que de las tres fincas que se expropiaban había una de la que la empresa no tenía el 100% (la finca registral 3.340 N con un tamaño de 12.000 metros cuadrados de la que se expropiaron el 96,875%, quedando el 3,125% pendiente).

En la advertencia que hizo el concejal basándose en un informe del director de la oficina municipal de desarrollo urbano se alude a la parte que en su día no se consiguió de la citada finca. El director de la oficina recuerda que el hecho de que este terreno siga siendo privado puede dificultar que el consistorio actúe en este espacio (el gobierno anunció en enero su pretensión de destinar fondos europeos a acondicionar las 8 hectáreas de la ampliación del Parque del Príncipe).

ALTERNATIVA A EXPROPIAR El acuerdo de la junta de gobierno fue la emisión de un informe para iniciar el expediente de expropiación u obtención del terreno. En la comisión de Urbanismo del pasado 19 de abril se vieron otros tres casos parecidos, no en la misma zona, pero sí de bienes que por su calificación urbanística el ayuntamiento debe obtener. En estos casos, los técnicos del ayuntamiento daban una alternativa para evitar la expropiación. La solución planteada, que se regula en la Ley del Suelo de Extremadura, era iniciar una permuta forzosa con bienes del patrimonio público de suelo de dimensiones suficientes y características adecuadas al bien a obtener que sirva de soporte al aprovechamiento urbanístico que corresponda al propietario afectado.