Nunca cobró a inmigrantes por ayudarles a legalizar su situación ni falsificó documentos para ello. Fue la afirmación que Constancio A. R., exsecretario particular del subdelegado del Gobierno, mantuvo ayer en todo momento en el juicio que por la legalización irregular de inmigrantes cometida en el 2005, durante el proceso extraordinario de regularización de extranjeros, se inició ayer en la Audiencia Provincial.
Junto a sus amigos José Manuel S. D. y Luis C. F., Constancio A. está acusado de estafa y falsificación. La trama consistía en cobrar a inmigrantes --según la investigación de la Policía entre 200 y 3.000 euros-- por buscarles empleadores para legalizarles su situación en España; empleadores, en muchos casos falsos según el Ministerio Fiscal, que figuraban como tales en los expedientes pero para los que luego no llegaban a trabajar.
Constancio A., funcionario de la Administración del Estado que del 12 de diciembre del 2003 a octubre del 2005 fue secretario particular del subdelegado del Gobierno en Cáceres --lo fue de José Diego Santos (PP) y de Fernando Solís (PSOE)-- aseguró que lo único que él hizo fue asesorar sobre los trámites para la regularización de inmigrantes y compulsarle fotocopias de documentos de identidad a Luis C. F.
El problema es que algunas de estas compulsas se hicieron sin disponerse de los documentos originales, y que se constató que todos los expedientes en los que se detectaron irregularidades habían sido compulsados por él. Ante este hecho Constancio A. alegó que si cometió alguna irregularidad fue "sin ser consciente de ello" y debido "a que soy muy confiado".
Luis C., que sí reconoció haber cobrado a los extranjeros, "pero 200 euros, y no las cantidades de las que se habla", también negó haber falsificado documentos o aceptado fotocopias de DNIs sin originales. Este extremo fue desmentido por el también acusado Francisco P. R., quien afirmó que Luis C., al que conocía por ir al bar en el que trabajaba como camarero, "me daba entre 50 y 70 euros por cada documento que le conseguía para figurar sus titulares en los expedientes como empleadores de los extranjeros, le daba igual que fueran originales o fotocopias".
José Manuel S., por su parte, negó toda participación en esta trama. Señaló que él "lo único que hice, como mucho en tres ocasiones, fue acompañar a extranjeros a los que Luis les estaba tramitando los papeles a entregarlos". Y lo hizo porque, añadió, él iba mucho por la Subdelegación y el centro donde se llevaba a cabo el proceso de regularización (Centro de Atención e Información de la Seguridad Social) , al llevar más de 10 años ayudando a extranjeros en sus tramitaciones.
Y también negó cualquier implicación Bouchra K., súbdita marroquí a la que se acusa de engañar a compatriotas que ponía en contacto con los otros acusados, a los que ayer aseguró no conocer ni haber tenido con ellos ninguna relación.
APERTURA DEL CASO Fue la poca edad de algunas de las personas que figuraban en los expedientes como empleadores de los extranjeros lo que despertó las sospechas, que posteriormente confirmarían hechos como que en 16 expedientes figuraba el mismo domicilio o que de las casi 60 personas que figuraban como empleadores solo una dijo haber conocido al extranjero que iba a emplear.
Lo reconoció así en el juicio el inspector de Trabajo y Seguridad Social que llevó a cabo la investigación. "La Subdelegación nos pidió que investigáramos una serie de irregularidades detectadas en expedientes de regularización de inmigrantes y altas en la Seguridad Social de empleadas de hogar, y nos chocó descubrir que había muchos jóvenes de 18 o 19 años años que estaban contratando a empleadas de hogar. Posiblemente --añadió-- si hubieran sido personas de 35 o 40 años no se habrían descubierto todas estas irregularidades".
