La subdelegación del Gobierno tiene en la actualidad 725 expedientes de inmigrantes por resolver. La cifra oficial que maneja la oficina única de Extranjería contrasta con la ofrecida por la Asociación Cacereña de Inmigrantes, que estima que el número de solicitudes en curso alcanza el millar en toda la provincia.
En cuanto a las expulsiones de extranjeros, este año ya se han tramitado 28, mientras que en el mismo periodo del 2003 se alcanzaron 41. Las estadísticas oficiales en este campo evidencian un claro aumento. El balance total de expulsiones durante el año pasado llegó a 89, casi 40 más que en el 2002.
Estas cifras del contigente extranjero fueron ayer valoradas por colectivos de apoyo a inmigrantes. Mariano Blanco, portavoz de la Plataforma Extremadura Frontera Abierta, aseguró que desde febrero de este año los expendientes de expulsión y por tramitar "se abren pero no se ejecutan" y añadió que esta situación puede deberse a los cambios que el Gobierno quiere introducir en la ley de Extranjería.
En este sentido, Blanco consideró que el número de casos por resolver --alrededor de 1.000-- coinciden con el de la cifra de extranjeros que viven en la clandestinidad. "Estos últimos ni siquiera pueden presentar papeles porque se juegan ser expulsados", subrayó. Esta situación afecta, sobre todo, a los inmigrantes que han agotado el visado de estancia. Los colectivos más afectados, indicó el portavoz de esta plataforma, son el subsahariano y el sudamericano.
Según Mariano Blanco, el atasco de los expedientes es consecuencia de la "mala política en inmigración que se ha hecho con medidas policiales".
Blanco considera que la inmigración debe ser asumida "como un fenómeno y no como un problema" y abogó por poner en marcha medidas para que la inmigración "sea regulada y coherente". La plataforma plantea la necesidad de regularizar la situación legal de los inmigrantes por arraigo, que consiste en demostrar una estancia de dos o más años en la provincia.
