En el edificio Embarcadero quedaban por certificar (ejecutar por Placonsa y abonar por el ayuntamiento) a finales de agosto obras por un importe de casi un millón de euros. A noventa días de la fecha máxima para la finalización de esta rehabilitación faltaban por certificar 954.000 euros. Placonsa, empresa a la que se adjudicó la reforma de la nave del poblado minero, debe acabar y entregar el edificio al ayuntamiento en dos meses para que dé tiempo a que el consistorio presente antes de finalizar el año las certificaciones de pago al Ministerio de Economía. Lo que no esté y quede sin certificar a fecha de 31 de diciembre será el dinero que Cáceres perderá.
Lo que ocurre ahora es una situación parecida a la que se dio en septiembre del 2006, entonces se debían certificar obras por valor de 1,2 millones del Embarcadero antes de finalizar ese año. Pero la diferencia con respecto al año anterior es que toda la rehabilitación tiene que estar finalizada. Quedaría el equipamiento del inmueble, que es lo que seguiría dentro de plazo hasta la finalización del año 2008.
El Embarcadero, una de las naves más singulares del poblado minero, y su recuperación para centro cultural y formativo es la principal inversión del programa Urban (iniciativa de la Unión Europea para impulsar áreas urbanas desfavorecidas. Europa da el 75% y el resto lo pone en este caso el ayuntamiento). El ayuntamiento adelanta el total de la inversión (para responder se ha estado recurriendo a operaciones de tesorería --créditos a un año-- por importe de 4 millones), presenta la certificación de pago al Ministerio de Economía, órgano de control de los fondos europeos, y con posterioridad recibe el dinero de Europa.
El Urban tiene una programación anual. A final de año se tienen que haber certificado las cantidades que se proyectan gastar en cada anualidad. Para dar facilidades a los ayuntamientos se da un plazo de dos años, por lo tanto las cantidades del Embarcadero que ahora hay que certificar corresponden a lo que se proyectó gastar en el año 2005. De hecho el programa Urban que se desarrolla en Cáceres es una iniciativa del septenio 2000-2006, que se puede prolongar hasta finales del 2008 por ese plazo extra de dos años.
Lo que no esté certificado en el plazo fijado es un dinero que el consistorio no recuperaría. Si se incumple el periodo dado, los fondos europeos no se remitirían al ayuntamiento y esto es lo que preocupa al actual gobierno local y a lo que se refirió el viernes la alcaldesa, Carmen Heras, y el concejal delegado de los fondos europeos, Víctor Santiago Tabares, que ayer comentó que en la gestión de este programa y de otros que tienen financiación europea se tomaron "decisiones erróneas" por el anterior gobierno local. En el Embarcadero "se está al límite", reconoció Santiago, que agregó que en este edificio "se está haciendo un control semanal y un esfuerzo" para entrar en plazo, recordando que "el conjunto de retrasos que ha tenido la obra desde su inicio" en el 2004 es lo que dificulta ahora cumplir objetivos.
Santiago Tabares insistió en que no solo está en juego perder unos fondos, sino además que el incumplimiento de plazos "hipoteca la capacidad de gestión del ayuntamiento y la pone en duda" ante los órganos que seleccionan los proyectos a financiar con fondos europeos en el septenio 2007-2013. El edil indicó que se han mantenido muchos contactos con Placonsa "y se ha insistido en que es prioritaria la entrega de la obra" antes del 8 de diciembre. Para hoy está prevista una nueva reunión de Heras con responsables municipales "para agilizar el cumplimiento de los plazos", apuntó.
La reforma se adjudicó por 4 millones, a lo que se sumó un reformado de 600.000 euros. Hubo otros gastos, por 850.000 euros, que la empresa pidió al ayuntamiento, que no lo ha pagado al afirmar que no le corresponde.
