La localidad de Piornal vuelve al siglo XXI tras haber tenido que regresar durante unos años al XIX. La causa, el conflicto que por unas tierras ha mantenido el ayuntamiento de la localidad con la Comunidad de Terrenos La Defensa, a la que finalmente, y tras años de pleitos, confirma el Tribunal Supremo que pertenecen las fincas que el consistorio piornalego pretendía anexionarse.
La Ley Madoz. Esta ha sido la culpable, y también la solución, en la pugna que por estas tierras inició el ayuntamiento allá por el año 1991.
Por dicha ley, de 1 de mayo de 1855, el Estado se quedó con las tierras que estaban entonces en posesión de las llamadas manos muertas (clero, ordenes militares, consistorios...) para su venta en pública subasta, pasando así a manos privadas.
En el caso de Piornal ocurrió que, por Orden Real, se concedieron al ayuntamiento 750 fanegas (las aproximadamente 300 hectáreas que hoy componen la dehesa boyal del municipio) y la parte restante, unas 2.600 hectáreas, se enajenaron, se dividieron en cinco cuartos (cinco partes) y salieron a subasta. De este modo, los cuartos de Peña Negra, Navarredonda, La Toma, Marigarcía y Hermenegildo pasaron a manos de vecinos de la localidad, cinco comunidades de propietarios que años después se unificaron en la Comunidad La Defensa, que integran 350 familias.
Así, durante más de 150 años las familias piornalegas integradas en dicha comunidad, como propietarios de estas tierras, han venido poseyéndolas por compra al Estado e inscripción en el Registro de la Propiedad de Plasencia. Pero la cosa cambió, recuerda Miguel Cruz, presidente de La Defensa, en 1991, coincidiendo con la llegada a la alcaldía de Angel Rama Pérez, desde entonces alcalde de Piornal. "La actual corporación comenzó a acusar a nuestra comunidad de haberle usurpado tierras al ayuntamiento, aproximadamente unas mil hectáreas, y desde entonces ha intentado hacerse con ellas, alambrándolas, vendiendo parcelas..., actuaciones que nos han supuesto un continuo ir y venir judicial".
Definitiva resolución
Los pequeños enfrentamientos se sucedieron hasta que en el año 2000 el Ayuntamiento de Piornal decidió actuar con contundencia y presentó una demanda contra la Comunidad de Terrenos La Defensa. Pedía, en concreto, "el deslinde de las fincas" antes citadas, que dicha comunidad declaraba suyas, y se declarara "el dominio del ayuntamiento sobre las mismas".
La comunidad demandada respondió alegando, entre otras cuestiones, que la actuación municipal "no es más que uno de los muchos intentos por negar la realidad acontecida en Piornal a consecuencia de la desamortización del año 1855 (Ley Madoz) y tergiversar la misma para intentar apropiarse de unas tierras que no le pertenecen, ni nunca le pertenecieron, tierras que son y han sido desde hace más de 150 años de la comunidad demandada".
Tras el oportuno juicio, el Juzgado de Instrucción 4 de Plasencia, en sentencia de fecha 7 de diciembre del 2001, desestima el recurso del ayuntamiento y declara propietaria de los terrenos a la comunidad demandada. Posteriormente, la Audiencia Provincial de Cáceres, ante la que recurrió el ayuntamiento, confirmó el 24 de abril del 2002 la sentencia favorable a la comunidad; y finalmente lo ha hecho, el pasado 25 de abril, el Tribunal Supremo. Este pone fin a años de litigio, pues contra su sentencia no cabe ya recurso alguno.
Los tres tribunales a los que ha llegado este caso declaran que "no es cierto que dichas dehesas las poseyera el ayuntamiento desde tiempo inmemorial", como el consistorio alegó en su demanda, y que el ayuntamiento "carece de título de propiedad --no ha acreditado título de propiedad alguna-- de las fincas privadas que reivindica".
Se confirma, en definitiva, que los terrenos que reclama el ayuntamiento son de la Comunidad de Terrenos La Defensa.
