Ayer quedó visto para sentencia, después de 9 horas, el juicio celebrado en la Audiencia Provincial en el que se dilucidaba la responsabilidad de tres miembros de la Policía Local de Cáceres por supuestas coacciones. Los imputados eran un oficial del cuerpo, R. A. R., y dos agentes, P. F. M. y A. C. G.

Los hechos se remontan al 28 de marzo del 2007, cuando R. A. R. acudió, vestido de uniforme y en el coche policial, al establecimiento de Automociones Reyes López, en la Ronda de San Francisco, para acompañar a José Luis B., presidente de una asociación de vehículos clásicos, en la gestión de compra de una furgoneta Mercedes Vito.

Según declararon ayer los propietarios de Automociones Reyes, la conversación fue subiendo de tono al negarse ellos a vender, hasta el punto de que R. A. R. les manifestó "que se atuvieran a las consecuencias si no la vendían". R. A. R. negó ayer haber pronunciado esas palabras y su acompañante, José Luis B., manifestó que la conversación discurrió por cauces normales.

LA GRUA Unos días después, la noche del 10 al 11 de abril, la grúa de la Policía Local se llevó al depósito dos vehículos: la Mercedes Vito que había sido objeto de aquella conversación y otro vehículo propiedad de Automociones Reyes. Una dotación policial compuesta por P. F. M. y A. C. G., los otros dos imputados, fue la que tramitó las denuncias. Los agentes declararon ayer que denunciaron a ambos vehículos por estar mal estacionados y por carecer del seguro obligatorio, información ésta última que obtuvieron llamando a la Jefatura.

Cuando el día 11 el representante de Automociones Reyes vio que sus vehículos habían desaparecido fue a la Jefatura y allí le explicaron, según declaró en el juicio, que los vehículos se habían retirado por carecer de seguro. Cuando aportó la documentación del seguro, y transcurrido un día más, le dijeron que el motivo era que estaban mal aparcados. Reyes interpuso una denuncia en el juzgado, que ordenó que se le devolvieran los vehículos, y R. A. R. fue detenido.

Tras el juicio celebrado ayer, el fiscal considera que lo sucedido fue en realidad "una represalia" hacia los propietarios de Automociones Reyes por no haber vendido la furgoneta. El fiscal afirma que R. A. R "conocía desde el primer momento que el vehículo mal aparcado era la Mercedes Vito" y que fue el propio oficial el que promovió la averiguación de los datos de seguro "para dar una apariencia de legalidad a su actuación", ya que "esas comprobaciones no son algo que se haga siempre con los vehículos que se retiran".

Otro dato irregular, a juicio del fiscal, es la ausencia de los boletines de denuncia en los limpiaparabrisas de los vehículos retirados. Los agentes acusados, P. F. M. y A. C. G., declararon ayer que ellos los dejaron allí, pero el agente responsable de la grúa no pudo asegurar si los vio o no.

El fiscal considera que la conducta de los agentes supone un delito de coacciones y pide para cada uno de ellos dos años de prisión, inhabilitación para ejercer empleo o cargo público por el tiempo de la condena y la obligación de indemnizar al denunciante con 3.000 euros. La acusación particular añadió a la petición del fiscal los delitos de amenazas y prevaricación. Los abogados de la defensa solicitaron la libre absolución de los tres imputados por considerar que actuaron de manera "intachable".