Tras dos jornadas completas de sesiones, ayer quedó visto para sentencia el juicio por la legalización irregular de inmigrantes. Hechos cometidos en la ciudad en el 2005, durante el proceso extraordinario de regularización de extranjeros, de los que se acusa, entre otros, a Constancio A. R., exsecretario del subdelegado del Gobierno. Para este mantuvo la fiscal la acusación, así como la petición de 7 años de prisión por un delito continuado de estafa en concurso con otro de falsedad.

Han sido dos mañanas y dos tardes de juicio en las que, además de a los acusados, cuatro hombres y una mujer, se tomó declaración --en algunos casos se dio lectura de las realizadas en su día en la Comisaría y ante el juez-- a más de medio centenar de testigos. En base a ellas, así como a las demás pruebas documentales, la fiscal retiró la acusación contra la súbdita marroquí Bouchra K., única mujer imputada en esta causa. Ante este hecho, la presidenta de la Sala le indicó, así como a su abogado, que podían marcharse, pues la sentencia será para ella absolutoria.

La fiscal, que consideró no acreditados los hechos de los que se acusaba a esta imputada y por ello retiró la acusación respecto a ella, sí los estimó probados en el caso de los otros cuatro acusados, para los que mantuvo las imputaciones y peticiones de pena. Así, consideró a Constancio A. y a sus amigos José Manuel S. y Luis C., coautores de un delito de estafa en concurso con un delito de falsedad, por los que pide para cada uno de ellos la pena de 7 años de prisión y multa de 6.700 euros; y al acusado Francisco P. R., coautor de un delito continuado de falsificación en documento oficial, por el que pide para él 2 años y 6 meses de prisión y multa de 3.000 euros.

Frente a la consideración de la fiscal, todas las defensas estimaron no probados los delitos que se imputan a cada uno de sus representados y pidieron para todos ellos la libre absolución.

LAS DEFENSAS A Constancio A., José Manuel S. y Luis C. se les acusa de ponerse de acuerdo en el 2005 para, ante el proceso extraordinario de regularización de inmigrantes, conseguir dinero tramitando los papeles a extranjeros.

En esta ´sociedad´, que según el Ministerio Fiscal cobraba a cada inmigrante entre 200 y 3.000 euros, José Manuel se habría encargado de captar extranjeros, Luis de captar a empleadores y Constancio, dado su trabajo en la subdelegación, de compulsar la documentación. Y los tres juntos habrían falsificado documentos de empleadores y utilizado fotocopias de DNIs de personas que no tenían intención alguna de contratar a inmigrantes.

Pero para sus abogados, así lo indicaron los tres a este diario, "no ha quedado acreditado ni probado" ninguno de los delitos que se les imputan, y por ello piden su absolución. Para el abogado de Constancio este "era totalmente ajeno a estos hechos" y, en todo caso, dada su relación personal con José Manuel y Luis, "se limitó, en ocasiones esporádicas, a resolverles determinadas consultas y dudas". Respecto a José Manuel, su abogado estima que lo único que se ha acreditado es que alguna vez acompañó a extranjeros a llevar sus papeles, "pero nadie ha declarado que les haya cobrado por ello, sino todo lo contrario, que lo hacía de forma altruista". Y el letrado de Luis C. mantiene que ni ha estafado, pues "lo único que ha querido ha sido ayudar a una serie de personas", ni falsificado, ya que para cumplimentar la documentación "siguió siempre las instrucciones de otros, y si existieran otras personas que pudieran haber incurrido en este delito, desde luego no ha sido mi cliente".

En cuanto a Francisco P., acusado de facilitar a Luis C. fotocopias de DNIs a cambio de entre 40 y 70 euros, algo que él mismo reconoció en el juicio, su abogado, tras puntualizar que reconoció entregarle fotocopias, pero no falsificarlas, añadió que lo hizo a petición de Luis C. "y siempre pensando que se trataba de algo legal".