Le constan al menos tres condenas anteriores por delitos contra la salud pública (tráfico de droga) y hoy volverá a sentarse en el banquillo de los acusados para ser juzgado, una vez más, por el mismo delito. Se trata del cacereño Juan Manuel F. M., alias ´El colorao´, para el que el Ministerio Fiscal pide 12 años de prisión y 1.100 euros de multa por un delito de tráfico de drogas, en esta ocasión con las circunstancias agravantes de reincidencia y venta en establecimiento abierto al público, el bar que regentaba cuando fue detenido.

Ocurría el 22 de julio del 2008 en ´La taberna de Abraham´, situada en la avenida de San Blas, tras la investigación que durante meses había llevado a cabo el Grupo de Estupefacientes de la Policía Judicial. En la operación policial, recoge la calificación fiscal de los hechos, "se comprobó que el acusado contactaba con conocidos toxicómanos de la ciudad que acudían a su bar y, tras un breve encuentro con los mismos, iba a un establecimiento anejo al bar, con el rótulo de mercería paquetería, que utilizaba como almacén, en donde cogía la sustancia estupefaciente con la que inmediatamente volvía al bar y la entregaba a cambio de dinero".

Ante estos hechos, el 22 de julio del 2008 agentes adscritos al Grupo de Estupefacientes realizaron un entrada y registro tanto del bar como del local colindante. En este último se intervinieron "varias bolsas de plástico con recortes circulares de los utilizados para la preparación de las papelinas, una bolsa de plástico transparente con cocaína y un cuchillo y una cuchara con restos de esta sustancia estupefaciente". También se intervino a una de las personas que se encontraban en el interior del bar una papelina de cocaína que acababa de comprar al acusado.

Por estos hechos, a Juan Manuel F. M., que será juzgado hoy en la Audiencia Provincial, se le acusa de un delito contra la salud pública, en su modalidad de sustancia que causa grave daño a la salud y con las circunstancias agravantes de venta en establecimiento abierto al público y reincidencia, por el que el ministerio fiscal pide se le imponga una pena de 12 años de prisión y 1.100 euros de multa.