La muerte en accidente laboral de un joven obrero de la construcción sentará en el banquillo de los acusados del Juzgado de lo Penal de Cáceres a ocho personas. Se trata del constructor, promotor y técnicos de la obra en la que en junio del 2005 ocurrió el siniestro mortal que costó la vida a Miguel A. M. C., de 21 años. El fiscal solicita para ellos un total de 24 años de prisión.

La Fiscalía les hace responsables de la "total falta de seguridad" de la obra en la que el joven trabajaba y les imputa un delito contra los derechos de los trabajadores en relación con un delito de homicidio imprudente, solicitando para cada uno de ellos 3 años de prisión, y el pago de 100.000 euros de indemnización a los padres de la víctima.

Fue el 7 de junio del 2005 cuando tuvo lugar el trágico accidente. Miguel, recoge el fiscal en su calificación de los hechos, comenzó a las 15.00 horas a trabajar, "a pleno sol, con una temperatura de 35º y sin casco ni cinturón y arnés de seguridad", en la cubierta de la nave que se construía en un solar sito en el Campo de San Justo o Ronda de San Lázaro de Trujillo.

Recuerda, seguidamente, que sobre las 18.30 horas se dispuso a bajar, pero como ya había instalado todas las placas metálicas de la cubierta no pudo hacerlo por el interior de la nave, por lo que tuvo que recurrir a la utilización de una escalera de mano. Para ello solicitó la ayuda de otro operario al objeto de que se la sujetase, ya que la misma no disponía de pestañas de sujección y, además, no tenía la longitud suficiente para llegar hasta los 8,61 metros en que se encontraba Miguel, "lo que motivó que el trabajador tuviese que adoptar una postura forzada para acceder desde la cubierta a la escalera. precipitándose al vacío y sufriendo gravísimos traumatismos que le ocasionaron la muerte pocos minutos después".

INCUMPLIMIENTOS Por la muerte de este joven obrero de la construcción serán juzgados, acusados de un delito contra los derechos de los trabajadores y homicidio imprudente, Juan J. A. S., promotor de la obra en la que se produjo el mortal accidente; los arquitectos Miguel L. P. y Manuel M. R., autores del proyecto de obras; José L. J. S., titular de la empresa constructora a la que el promotor contrató para la ejecución de la obra; Miguel A. M., titular de la empresa a la que el constructor subcontrató para el montaje de la estructura metálica de la nave y la cubierta de chapa de la misma; los arquitectos Miguel L. P. y Manuel M., responsables de la dirección facultativa de la obra; y Teresa P. M., técnico de la empresa de prevención de riesgos laborales contratada por el promotor.

A todos ellos acusa el fiscal por considerarles responsables del incumplimiento de las necesarias y exigidas medidas de seguridad en la obra. Entre otros incumplimientos el fiscal señala que "no se designó al correspondiente coordinador de seguridad en fase de proyecto, a pesar de que era obligatorio al existir más de un proyectista, ni tampoco se designó en fase de ejecución; el estudio básico de seguridad no se adaptaba totalmente a la obra a realizar y, además, no se contemplaban en dicho documentos los riesgos derivados de trabajar a la intemperie a elevadas temperaturas, ni los trabajos en cubierta de planchas metálicas, ni posibles vías de acceso a la misma; y los técnicos en prevención de riesgos no efectuaron ni una sola actuación profesional en esta obra, en la que ni tan siquiera llegaron a personarse".