La Fiscalía ha acordado el archivo de la denuncia contra la alcaldesa, Elena Nevado, por un presunto delito de prevaricación en el anterior contrato para la gestión de los pisos del campus, una relación que el ayuntamiento mantuvo con la empresa Adomi Sacor desde enero de 2007 hasta la finalización del pasado curso académico. La denuncia fue presentada por el grupo socialista.

La Fiscalía concluye que de la documentación recabada se puede determinar que ha habido incumplimientos por parte de la empresa y el ayuntamiento que son causa para que la alcaldesa como órgano de contratación hubiese actuado, por los incumplimientos cabía la resolución del contrato, o no hubiese autorizado la prórroga de la relación.

Pero exime a Nevado de responsabilidad penal porque de las diligencias practicadas no se constata que hubiese tenido conocimiento de los incumplimientos o que se le hubiese instado por el consejo de dirección de los apartamentos a resolver el contrato y ella no lo hubiese acatado. Para la Fiscalía no se dan las circunstancias necesarias para considerar que se ha cometido un delito de prevaricación administrativa por omisión y remite a la vía de lo contencioso administrativo para dirimir sobre el incumplimiento de las obligaciones.

El contrato entre el consistorio y Adomi Sacor se firmó en enero de 2007. Era por un periodo de cinco años más otros cinco de prórroga. Se ha mantenido hasta el pasado verano. Ahora hay otra empresa que gestiona los pisos. La alcaldía era en el contrato con Adomi Sacor el órgano de contratación por las competencias que tiene asignada la alcaldía-presidencia del ayuntamiento.

IRREGULARIDADES / Desde septiembre de 2016 se empezaron a hacer públicos por parte del grupo municipal socialista los incumplimientos que se estaban produciendo en el contrato, además antes ya había preguntado por los mismos a órganos del ayuntamiento, en los que también informó de las irregularidades. El PSOE denunció la pasividad de la alcaldía en un contrato en el que se daba la circunstancia de que el administrador de la empresa era el hermano del exalcalde José María Saponi, del mismo partido que Nevado, ambos del PP. En enero de 2017 tocaba una nueva prórroga del contrato, que se mantuvo hasta la finalización del curso académico. En marzo el PSOE presentó su denuncia en la Fiscalía por la inactividad de la alcaldía en adoptar una decisión sobre la resolución del contrato y la exigencia de responsabilidades a la empresa.

El gobierno local (PP) argumentó entonces que se estaba asumiendo una competencia impropia del ayuntamiento y que había irregularidades --los primeros años de impago del consumo eléctrico- que databan del gobierno anterior a Nevado, cuando el PSOE tenía la alcaldía.