La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) tiene previsto que antes de final de año haya una decisión sobre la denuncia presentada por Izquierda Unida y que afecta a un funcionario del ayuntamiento. El escrito de fiscalía, que ha solicitado más información al ayuntamiento, solo está pendiente de detalles para comunicárselo a las partes, con la decisión de si se estima por el fiscal que debe seguirse con la tramitación ante el juzgado o bien que se archive por entender que no hay indicios de delito.

Los antecedentes de este caso se remontan al pasado mes de mayo cuando el concejal de IU, Santiago Pavón, presentó al fiscal un escrito en el que se informaba de la participación de un funcionario municipal en una compañía mercantil que en junio del 2000 adquirió una casa en la calle San Roque, que posteriormente se incluyó para su demolición en un proyecto del ayuntamiento para el ensanche de la citada calle y Mira al Río, y que se vendió en el 2004 a una cooperativa que permutó esta vivienda y dos más con el ayuntamiento a cambio de tres parcelas de la Sierrilla, donde se han ejecutado casas unifamiliares.

Pavón detalló en el escrito entregado al fiscal que el funcionario municipal es Antonio Alfredo Barca, ingeniero técnico del ayuntamiento. La compañía mercantil compró la casa por 18.000 euros y se vendió a la cooperativa, presidida por el ex concejal José Lucio, por 54.091. Barca, al igual que hizo Pavón, aportó en mayo documentación al fiscal, negando en un comunicado que remitió su abogado que tuviese información privilegiada para comprar la casa, además anunció que iba a emprender actuaciones legales contra Pavón.

En los últimos meses, el edil de Izquierda Unida, desde el pasado junio teniente de alcalde, se ha mostrado crítico con un sector muy concreto del funcionariado municipal, al que llama "núcleo duro", y ha anunciado su intención de aportar documentación de otros casos y situaciones.