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QUEDA VISTO PARA SENTENCIA EL JUICIO POR LOS RUIDOS DE LA MADRILA. TODOS LOS ACUSADOS INSISTEN EN SU INOCENCIA

La Fiscalía eleva ahora a dos años de cárcel la condena que solicita para Heras y Jurado

Considera probado el daño provocado a los afectados y cree que debe prevalecer la salud de las personas. Defiende que los dos políticos «se han situado al lado de la actividad contaminante y no con los vecinos»

 

Una imagen general de los acusados sentados en el banquillo, ayer en la última sesión del juicio. - FRANCIS VILLEGAS

Sira Rumbo Ortega
01/11/2017

La fiscal encargada del caso de los ruidos de La Madrila, Olga Suárez, eleva ahora a dos años de prisión la condena solicitada para la exalcaldesa, Carmen Heras, y para el exconcejal Carlos Jurado (en su escrito de acusación inicial pedía para cada uno de ellos un año y nueve meses de prisión por un delito continuado de prevaricación medioambiental). Sin embargo en su acusación que rectificó ayer (el lunes dijo que mantenía la inicial) establece la petición de dos posibles condenas: una basada en el código penal antiguo y según el cual solicita dos años de prisión y diez de inhabilitación para cada uno; y la otra según el código penal actual, por el que pide dos años de prisión, diez de inhabilitación y una multa de 5.400 euros.

El Ministerio Público fue ayer claro: «Heras y Jurado han dejado sus funciones de lado para situarse del lado de la actividad contaminante y no con los vecinos». Fue uno de los argumentos que defendió durante su intervención en la última jornada de juicio, en la que tanto ella como el resto de letrados expusieron sus conclusiones. Insiste en que los dos conocían la situación que vivían los vecinos de la zona y las denuncias, pero no actuaron; por contra, se dedicaron a «silenciar» las infracciones. «Ni Jurado impulsaba ni Heras resolvía» los expedientes abiertos contra los establecimientos, dijo el Ministerio Público. Y añadió que no dieron instrucciones a la Policía Local para que llevara a cabo las mediciones. Se basa en los requerimientos de análisis de ruido que acumulan muchos de los locales de la zona: Latino’s, 17; Faunos, 13 o La cuerda, nueve, entre otros.

La fiscal considera además que ninguno de los dos impuso las condiciones que exigía la ley para que los establecimientos cumplieran. Y acusa a Heras de autorizar conciertos sin tener competencia para ello o de levantar medidas cautelares, como permitir utilizar el equipo de música al bar Tacones.

EL SEPRONA / Defiende asimismo la medición del Seprona porque estudió «el ruido real» que llegaba a cada una de las viviendas afectadas. Y señala que la declaración de los testigos prueba el daño que provocaban los establecimientos, igual que el informe que realizó la Universidad de Extremadura sobre los ruidos en La Madrila, que concluía que «todos los pubs medidos emitían un ruido intolerable». Para los once hosteleros acusados (inquilinos o propietarios de Barroco, Sugar, Submarino, Maquiavelo, Latino’s, La Belle, Down, La Cuerda, Póker y Tacones) solicita se le imponga una condena de dos años y seis meses de prisión (seis meses menos de lo que solicitaba en un principio) y dos años de inhabilitación. Y fija en 110.000 euros las indemnizaciones a pagar por daños morales y en 30.000 por las lesiones.

Por su parte la acusación particular, que ejerce el abogado Eugenio Cuadrado en representación de la asociación Cacereños contra el ruido, colectivo que presentó la querella criminal que ha llevado a que este proceso judicial termine en la vía penal, insistió en que los ruidos provocaron «un grave perjuicio para la salud», algo que se puede acreditar, dijo, aún sin existir un informe forense, tal y como establece la Organización Mundial de la Salud. En concreto, añadió, esta situación, que generó «ansiedad y malestar», pudo agravar el cáncer que padecía uno de los vecinos y que finalmente falleció y los problemas psiquiátricos que sufría otro de los afectados.

En su caso pide que se imponga la pena de tres años de prisión a cada uno de los hosteleros y un año y nueve meses a Heras y a Jurado, además de las penas de inhabilitación que pide el Ministerio Público. Asimismo solicita que se abonen 12.000 euros a 16 vecinos por daños morales y 35.000 por las lesiones ocasionadas a otros tres afectados. Insistió además en la importancia de que el Ayuntamiento de Cáceres sea considerado responsable civil subsidiario, en el caso de que los condenados puedan declararse insolventes y no satisfagan las indemnizaciones.

Por otro lado la acusación particular también resaltó la culpabilidad de Heras y Jurado, porque no atendieron «las innumerables peticiones de los vecinos». «Este plenario -señaló- ha sacado a la luz unos hechos de escandalosa alarma e intolerables», dijo, haciendo referencia a las decenas de denuncias «sin tramitar» y a la existencia de un sonómetro que no funcionaba: «Tardaba más en arreglarse que una nave espacial», apostilló (durante el juicio se ha puesto de manifiesto que la Policía Local no realizaba las mediciones porque el sonómetro estaba reparándose).

Defiende los informes realizados por el Seprona y por la Junta de Extremadura y pide que se impugne los que efectuó el perito privado José G. G., que declaró el lunes y que aseguró que los locales cumplían con la normativa.

El siguiente en defender su postura fue Emilio Cortés, abogado de Carmen Heras y de Carlos Jurado. Solicitó una sentencia absolutoria para los dos. Incidió en que la imputación de ambos es «selectiva y caprichosa» y que Cacereños contra el ruido solo busca el cobro de indemnizaciones. La Madrila, añadió, fue «un monstruo que se dejó crecer» y Heras y Jurado «se encargaron de solucionarlo». «No entiendo -prosiguió- que después de que se nombrara a un técnico para tramitar los expedientes de ruido y se cerrara la calle Santa Teresa, continúen acusados».

Cortés aseguró además que existen incongruencias en la imputación por parte de la Fiscalía y de la acusación particular. «Cuando interesa atacar a los hosteleros se utiliza la tramitación de las denuncias; es decir, cuando interesa, el ayuntamiento sí hace cosas, pero cuando no interesa, no hace», dijo. Recordó asimismo los «65 expedientes con 62.000 euros de multas» que se gestionaron durante el gobierno de Heras.

FIRMÓ EXPEDIENTES / Por otro lado, se refirió a que todos los expedientes que enviaba el técnico Javier Alonso a Heras se firmaron y que lo que habría que haber analizado es porqué tardaban tanto en llegarle.

Por otro lado los abogados que defienden a los hosteleros solicitan su libre absolución y centran su defensa en la impugnación del informe del Seprona, porque no medía, a su juicio, el ruido que emitía cada local, sino el que procedía de la calle. Además alegan prescripción de delito para Sugar y La Belle. La sesión de ayer duró más de seis horas. Al finalizar se dio el último turno de palabra a los acusados, que tanto Heras como Jurado y los hosteleros aprovecharon para agradecer la labor de sus letrados. El juicio ha quedado visto para sentencia.

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8 Comentarios
08

Por CACEREÑO DE ADOPCION 20:33 - 01.11.2017

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Velaí, debería poder analizarse todo este asunto con una perspectiva temporal, pero como eso no parece posible, creo que es injusto hacer recaer la culpa de todo esto en una sola alcaldia, creo que la secuencia histórica será tenida en cuenta a la hora de la sentencia. Y en todo caso, me parece que esos empresarios, que se saltaron la ley sistematicamente -aunque alguno les disculpe, hablando de buenos empresarios- van a escaparse de rositas, y esto si es verdaderamente injusto, y establecerá un muy mal precedente

07

Por pagafiestas 18:31 - 01.11.2017

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Pues ya lo saben, lectores. "animaja", aparte de desautorizar al SEPRONA (que no suele casarse con nadie) y de ensalzar los méritos del grupo municipal del PSOE al tiempo que pone de vuelta y media a Saponi y Nevado tal vez no sin ausencia total de razón, nos aclara que para dormir sin molestias aunque sea pleno verano a lo sumo que podemos aspirar es a dormir con las ventanas bien cerradas, como si de un búnker se tratara.

06

Por animaja 15:37 - 01.11.2017

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con respecto a lo que se comenta por aquí abajo, si algo ha quedado claro es que el SEPRONA no sabía utilizar los sonómetros y me explico el porqué: no se pueden hacer mediciones de molestias en una vivienda con las ventanas y puertas abiertas y no lo digo yo: lo dicen los criterios de medición de cualquier administración. No se deben hacer mediciones de las molestias que ocasiona un local con ventanas y puertas abiertas y con un murmullo ensordecedor en la calle. En todo caso esa medición podía haber valido para meterle mano al ayuntamiento por permitir ese escándalo ajeno a la actividad de los locales por mucho que estuvieran delante de ésto, pero siempre con ventanas y puertas cerradas.

05

Por El Canton 12:11 - 01.11.2017

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Los Alcaldes tienen mucha responsabilidad en todos estos incumplimientos que la ley determina. Pero la dejadez de funciones les lleva a esto. Luego ante el banquillo se dan cuenta de sus incumplimientos y hacen alegaciones que nadie les cree. Siempre dicen los mismo que no estaban enterado. Después de los cuente edades de denuncias de los vecinos y mirando para otro lado. Esto mismo está pasando ahora en Plasencia. El propio Alcalde Fernando Pizarro García, con su dejadez en atajar estos abusos está haciendo dejadez de sus funciones para posicionarse al lado de la actividad contaminante en vez de la de los vecinos que son los sufridores de todos estos incumplimientos.

04

Por BATMAN 10:22 - 01.11.2017

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Estoy de acuerdo con todos los comentarios anteriores y quiero añadir varios puntos: 1) Que se ha demostrado que los ruidos llevan produciendose desde el año 1991, yo he estado de copas en aquellos tiempos y era jauja, los bares cerraban a la hora que les daba la gana. Pero también sufrí en la parte contraria y era insoportable, sobretodo en verano que intentabas dormir con la ventana abierta. 2) Que la permisividad de todo esto no ha sido de Carmen Heras, sino de otros alcaldes anteriores, durante el tiempo de Heras se intentó dar una solución, pero los anteriores en vez de multar por horario de cierre, hubieran cerrado otro gallo hubiera cantado.Todos son culpables. 3) Los hosteleros actuaron de esa forma porque se lo permitieron, como cualquiera con un negocio bueno hubiese hecho. 4) Que efectivamente el ruido se puede "soportar", pero las vibraciones estructurales son como tortura china. Esas nadie las midió. 5) El Ayuntamiento de Cáceres no se ha atrevido nunca a cerrar ningun garito de la Madrila porque le interesaba y la unica vez que lo hizo le condenaron a una multa de cientos de miles de euros(creo que fue el local del Sugar). Así que al final todo es por temas economicos, tanto de un lado como de otro. Salvo algunos problemasque hayan derivado en problemas de salud, que no son todos como se ha demostrado.

03

Por pagafiestas 9:51 - 01.11.2017

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Tratando de analizar las cosas al margen de pasiones o filias y fobias políticas, pueden extraerse en este asunto varias conclusiones: a) que cuando se tienen responsabilidades políticas, se puede incurrir en incumplimientos por acción o también por omisión; b) que los técnicos del SEPRONA han dejado en evidencia la escasa eficacia de los servicios municipales encargados del control y la medición de ruidos considerados molestos; c) que los principales culpables de estos ruidos insoportables para el normal descanso de los ciudadanos, los dueños o explotadores de los locales de copas, puedan quedar escasamente castigados; y d) no son de recibo, con todo respeto, las declaraciones de la defensa de los responsables municipales juzgados en el sentido de que los denunciantes solo buscaban el cobro de indemnizaciones, pues olvida los perjuicios para la salud y las múltiples noche de insomnio padecidas por estas personas.

02

Por animaja 9:02 - 01.11.2017

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Pues terminaréis encarcelando a Carmen Heras, a la que debemos la obra de la Plaza, todo un éxito para la ciudad se mire como se mire. Quizás estuvo demasiado involucrada en la obtención de la capitalidad cultural del 2.016, pero no es justo que la persona que promovió la publicación de la ordenanza del ruido del año 2.009, más severa que la normativa autonómica y la nacional, la estéis sometiendo a esta desagradable experiencia, y que anteriores alcaldes se vayan de rositas cuando fueron ellos unos los que promovieron los escándalos nocturnos y otros los toleraron sin hacer absolutamente nada. Esperemos que todo este lío tenga para Carmen Heras la misma repercusión judicial que ha tenido para Elena Nevado que el hermano de Jose María Saponi le deba al Ayuntamiento más de 120.000 euros en impagos de todo tipo, irregularidades administrativas de toda clase, en la gestión de los apartamentos universitarios. Ya está bien, hombre. En 4 años, con sus errores también claro, Carmen Heras hizo más por la ciudad que lo que podría hacer la señora Nevado en 30 que la dejaran.

01

Por El remendador 8:43 - 01.11.2017

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¿Por qué no han sido juzgados también los anteriores alcaldes y la actual?