La Fiscalía eleva ahora a dos años de cárcel la condena que solicita para Heras y Jurado

El Ministerio Público fue ayer claro: «Heras y Jurado han dejado sus funciones de lado para situarse del lado de la actividad contaminante y no con los vecinos». Fue uno de los argumentos que defendió durante su intervención en la última jornada de juicio, en la que tanto ella como el resto de letrados expusieron sus conclusiones. Insiste en que los dos conocían la situación que vivían los vecinos de la zona y las denuncias, pero no actuaron; por contra, se dedicaron a «silenciar» las infracciones. «Ni Jurado impulsaba ni Heras resolvía» los expedientes abiertos contra los establecimientos, dijo el Ministerio Público. Y añadió que no dieron instrucciones a la Policía Local para que llevara a cabo las mediciones. Se basa en los requerimientos de análisis de ruido que acumulan muchos de los locales de la zona: Latino’s, 17; Faunos, 13 o La cuerda, nueve, entre otros.

La fiscal considera además que ninguno de los dos impuso las condiciones que exigía la ley para que los establecimientos cumplieran. Y acusa a Heras de autorizar conciertos sin tener competencia para ello o de levantar medidas cautelares, como permitir utilizar el equipo de música al bar Tacones.

EL SEPRONA / Defiende asimismo la medición del Seprona porque estudió «el ruido real» que llegaba a cada una de las viviendas afectadas. Y señala que la declaración de los testigos prueba el daño que provocaban los establecimientos, igual que el informe que realizó la Universidad de Extremadura sobre los ruidos en La Madrila, que concluía que «todos los pubs medidos emitían un ruido intolerable». Para los once hosteleros acusados (inquilinos o propietarios de Barroco, Sugar, Submarino, Maquiavelo, Latino’s, La Belle, Down, La Cuerda, Póker y Tacones) solicita se le imponga una condena de dos años y seis meses de prisión (seis meses menos de lo que solicitaba en un principio) y dos años de inhabilitación. Y fija en 110.000 euros las indemnizaciones a pagar por daños morales y en 30.000 por las lesiones.

Por su parte la acusación particular, que ejerce el abogado Eugenio Cuadrado en representación de la asociación Cacereños contra el ruido, colectivo que presentó la querella criminal que ha llevado a que este proceso judicial termine en la vía penal, insistió en que los ruidos provocaron «un grave perjuicio para la salud», algo que se puede acreditar, dijo, aún sin existir un informe forense, tal y como establece la Organización Mundial de la Salud. En concreto, añadió, esta situación, que generó «ansiedad y malestar», pudo agravar el cáncer que padecía uno de los vecinos y que finalmente falleció y los problemas psiquiátricos que sufría otro de los afectados.

En su caso pide que se imponga la pena de tres años de prisión a cada uno de los hosteleros y un año y nueve meses a Heras y a Jurado, además de las penas de inhabilitación que pide el Ministerio Público. Asimismo solicita que se abonen 12.000 euros a 16 vecinos por daños morales y 35.000 por las lesiones ocasionadas a otros tres afectados. Insistió además en la importancia de que el Ayuntamiento de Cáceres sea considerado responsable civil subsidiario, en el caso de que los condenados puedan declararse insolventes y no satisfagan las indemnizaciones.

Por otro lado la acusación particular también resaltó la culpabilidad de Heras y Jurado, porque no atendieron «las innumerables peticiones de los vecinos». «Este plenario -señaló- ha sacado a la luz unos hechos de escandalosa alarma e intolerables», dijo, haciendo referencia a las decenas de denuncias «sin tramitar» y a la existencia de un sonómetro que no funcionaba: «Tardaba más en arreglarse que una nave espacial», apostilló (durante el juicio se ha puesto de manifiesto que la Policía Local no realizaba las mediciones porque el sonómetro estaba reparándose).

Defiende los informes realizados por el Seprona y por la Junta de Extremadura y pide que se impugne los que efectuó el perito privado José G. G., que declaró el lunes y que aseguró que los locales cumplían con la normativa.

El siguiente en defender su postura fue Emilio Cortés, abogado de Carmen Heras y de Carlos Jurado. Solicitó una sentencia absolutoria para los dos. Incidió en que la imputación de ambos es «selectiva y caprichosa» y que Cacereños contra el ruido solo busca el cobro de indemnizaciones. La Madrila, añadió, fue «un monstruo que se dejó crecer» y Heras y Jurado «se encargaron de solucionarlo». «No entiendo -prosiguió- que después de que se nombrara a un técnico para tramitar los expedientes de ruido y se cerrara la calle Santa Teresa, continúen acusados».

Cortés aseguró además que existen incongruencias en la imputación por parte de la Fiscalía y de la acusación particular. «Cuando interesa atacar a los hosteleros se utiliza la tramitación de las denuncias; es decir, cuando interesa, el ayuntamiento sí hace cosas, pero cuando no interesa, no hace», dijo. Recordó asimismo los «65 expedientes con 62.000 euros de multas» que se gestionaron durante el gobierno de Heras.

FIRMÓ EXPEDIENTES / Por otro lado, se refirió a que todos los expedientes que enviaba el técnico Javier Alonso a Heras se firmaron y que lo que habría que haber analizado es porqué tardaban tanto en llegarle.

Por otro lado los abogados que defienden a los hosteleros solicitan su libre absolución y centran su defensa en la impugnación del informe del Seprona, porque no medía, a su juicio, el ruido que emitía cada local, sino el que procedía de la calle. Además alegan prescripción de delito para Sugar y La Belle. La sesión de ayer duró más de seis horas. Al finalizar se dio el último turno de palabra a los acusados, que tanto Heras como Jurado y los hosteleros aprovecharon para agradecer la labor de sus letrados. El juicio ha quedado visto para sentencia.