De momento no se ha descubierto ninguna trama de corrupción urbanística en la provincia de Cáceres, pero la Fiscalía sí mantiene cuatro investigaciones abiertas por presuntos delitos de prevaricación urbanística, por la concesión de licencias ilegales o construcciones ilegales, en ayuntamientos cacereños como Sierra de Fuentes, Coria y Jarandilla de la Vera, según explicó ayer el fiscal especial de delitos urbanísticos, Juan Antonio Galán. En algunos casos, se está investigando la implicación de los propios alcaldes.

El fiscal ofreció ayer una serie de lecciones prácticas de cómo actuar en este tipo de delitos y en el de incendios forestales a 70 agentes de toda la provincia que asisten a la jornada de actualización de conocimientos que organiza trimestralmente la Comandancia de Cáceres. Además de estas dos materias, se abordaron otras como la violencia doméstica y el modus operandi de la delincuencia organizada.

Galán aseguró que la delincuencia urbanística está "controlada" en la provincia y que se dan, sobre todo, en el ámbito rural por construcciones ilegales. En los casos en los que existe implicación de funcionarios públicos, de momento están en fase de instrucción.

SIERRA DE FUENTES El más avanzado en este sentido es el de Sierra de Fuentes, en el que está por determinar si los exgobernantes del PP incurrieron en algún tipo de delito por aprobar una operación urbanística que promovió el ayuntamiento con la constructora Abreu desde el 2004 para edificar varias hectáreas de la dehesa boyal. Imputados y testigos ya han declarado ante el juzgado de instrucción y se está a la espera de que se aporten nuevas pruebas para concluir si hay indicios delictivos o no y si el caso termina en juicio.

En cuanto a los delitos forestales por incendios, el fiscal delegado de Medio Ambiente y Urbanismo aseguró que se había reducido su incidencia "gracias en parte a las campañas de concienciación y a la climatología", valoró. También reconoció que de momento nadie ha cumplido condena por incendios intencionados, aunque sí estuvieron en prisión provisional. La mayoría de los casos se dan más por acciones negligentes que por pirómanos.