La Fiscalía mantiene la pena de prisión para Heras y Jurado y la rebaja para los hosteleros

Ayer terminaron las declaraciones de la vista oral, que ha celebrado 18 sesiones desde su comienzo, el pasado 20 de septiembre. Hoy está previsto que el juicio quede visto para sentencia, después de que cada uno de los doce abogados de la defensa, la fiscal y la acusación particular expongan sus conclusiones, para lo que la juez titular del Juzgado de lo Penal Número 2 les permitirá un tiempo máximo de 30 minutos a cada uno. A la sesión de hoy deberán acudir todos los acusados: los once hosteleros (que gestionaban Barroco, Submarino, Sugar, Maquiavelo, Latino’s, La Belle, Down, La Cuerda y Póker) además de Heras y Jurado. A todos se les ofrecerá la oportunidad del último turno de palabra justo antes de dar por concluido el juicio oral, lo que será por la tarde.

El Ministerio Público mantiene además la petición de diez años de inhabilitación para empleo o cargo público para Carmen Heras y Carlos Jurado (cabe recordar que Heras ya ha sido condenada a ocho años de inhabilitación por el caso Urban Screens). Así como la petición de dos años de inhabilitación para los hosteleros.

Eleva además las indemnizaciones que considera han de pagar los empresarios a los perjudicados. Así fija en 110.000 euros los daños morales ocasionados a once vecinos (pide que indemnicen a cada uno con 10.000 euros) y en 30.000 euros la indemnización por las lesiones provocadas a dos afectados (15.000 euros a cada uno). En este caso la acusación particular es más dura y pide que se pague por daños morales 12.000 euros a 16 vecinos afectado y 35.000 euros por las lesiones ocasionadas a otros tres.

Por su parte las defensas de los once hosteleros acusados solicitan su libre absolución. Además el letrado que defiende a Barroco, Sugar y Submarino, Ángel Luis Aparicio, pidió la impugnación del informe del Seprona por no considerarlo válido. Se basa en lo expuesto ayer por el último de los peritos en declarar, José G. G., ingeniero técnico industrial que lleva 20 años dedicado al mundo del ruido y que realizó los certificados acústicos de muchos de los establecimientos que están imputados en este proceso judicial.

MEDICIONES DEL SEPRONA / Este técnico expuso ayer a la sala la imposibilidad de que, con los resultados de las mediciones de la Guardia Civil, se pueda atribuir las molestias ocasionadas a los vecinos a los locales. «Si el objetivo era medir el ruido de fondo (el de la calle) sí vale, pero si el objetivo es medir el de los locales el informe está viciado porque el ruido de fondo no garantiza el que se pueda medir bien el ruido que llega a las viviendas» por parte de cada uno de los bares, señaló.

Por esta razón tanto él como los técnicos de la Junta de Extremadura realizaban siempre las mediciones en horario de mañana, cuando la plaza de Albatros estaba libre de público; con la finalidad de que este ruido no interfiriera en la medición realizada.

Este técnico realizó certificaciones acústicas para Latino’s, Barroco, Down, Maquiavelo y Sugar. Según los resultados que arrojaron sus mediciones todos cumplían con la normativa. Según él los informes incluían el análisis de los aislamientos acústicos que poseían los locales así como la transmisión del ruido que emitían al exterior. Las mediciones las realizaba, señaló, según establece la normativa municipal. Aunque aclaró que sus sonómetros tampoco medían las vibraciones.

Precisamente la normativa local fue modificada en el año 2009 por la exalcaldesa Carmen Heras. «Esta normativa lo que hizo fue adaptar la que había antes a la ley estatal, algo que no se había hecho nunca en ninguna otra ciudad española. Cáceres fue pionera en la adaptación de las normas del ruido», dijo el técnico a preguntas del abogado defensor de Carmen Heras y de Carlos Jurado. La sesión se retomará a primera hora de esta mañana.