La empresa Fitex S.A. anuncia 10 despidos para los trabajadores que prestan servicio en el área del Centro de Atención a Usuarios (CAU) del Ejecutivo extremeño, han informado fuentes sindicales.
La decisión de la empresa viene provocada por el anuncio de Telefónica de dar carácter interno al servicio del CAU, que la compañía pasaría prestar a través de su filial Servitelco.
"Se trata de una filial que Telefónica ha creado para justificar que tiene call-center y llevarse este servicio fuera de Extremadura", añaden las mismas fuentes, ya que Servitelco no tiene sede en la región, "solo en Barcelona, Madrid y Sevilla".
El Ejecutivo extremeño anunció el pasado mes de julio la adjudicación a Telefónica de los servicios de voz, datos y comunicaciones de la propia Junta de Extremadura por un valor superior a los 75 millones de euros.
Telefónica viene prestando la mayoría de estos servicios desde hace seis años para la Junta de Extremadura, y cuenta con diversos proveedores extremeños para la ejecución del servicio.
Uno de estos proveedores ha sido Fitex, empresa extremeña del Grupo Fundosa, ubicada en Cáceres, y que hasta ahora realizaba el servicio de Atención a los Usuarios de la Junta de Extremadura (la contrata finaliza el próximo 30 de septiembre).
El servicio CAU se presta con 10 trabajadores, con la particularidad de que se trata de personas con discapacidad, pues Fitex es un Centro Especial de Empleo desde febrero de 2000, comprometiéndose con ello a mantener al menos un 70 % de la plantilla con una minusvalía reconocida de grado igual o superior al 33%.
El próximo día 30 el contrato quedará extinguido "con el único argumento de internalizar el servicio" subrayan desde el comité de empresa, que aseveran que este servicio "se va a prestar por personal de Telefónica desde fuera de Extremadura".
El impacto directo de esta decisión se traduce en la pérdida de 10 puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad en la región.
"Consideramos lamentable que Telefónica, que ingresa cantidades ingentes de dinero proveniente de impuestos directos de los extremeños, deje en la calle a 10 trabajadores, máxime cuando se trata de personas con discapacidad", remarca.
Por ello, insta a la Junta a "ejercer toda su fuerza para que los servicios que se prestan para la administración pública en Extremadura, en la medida de lo posible, los realicen trabajadores y empresas de la región".
Por último, el comité de empresa señala que iniciará una ronda de contactos con organismos y autoridades de la región con el objetivo de evitar que Telefónica "destruya puestos de trabajo en la región".
