El portavoz del gobierno, Rafael Mateos, anunció el viernes que el ayuntamiento abría un expediente sancionador a la empresa que presta el servicio de suministro de energía y gestión de las instalaciones del alumbrado público. La compañía es Sice, que es una de las sociedades de ACS, uno de los grupos empresariales que participan en la gestión de la ciudad, aunque sea indirectamente con los contratos adjudicados por el ayuntamiento y sobre los que se ejerce por parte del consistorio un control y seguimiento porque la titularidad del servicio es pública.

De los 59 millones de euros de gastos ordinarios del presupuesto del ayuntamiento para 2017, más de un tercio se destina a los contratos de servicios que están gestionados por el sector privado o por otras administraciones, como es el caso de la recaudación que lleva el Oargt de la diputación o con el agua que gestiona una empresa de la comunidad de Madrid. En la lista hay de todo: limpieza viaria, recogida de basura, tratamiento de los residuos, autobuses, piscinas, limpieza de colegios, cuidado de parques y zonas verdes, mantenimiento de dependencias municipales, conservación de semáforos, zona azul, reposición de señales..., no está el agua ni el alcantarillado, pese a ser el principal contrato, porque desde 2012 no tiene reflejo en el presupuesto ya que la empresa concesionaria recauda directamente a los usuarios la tarifa con la que se tienen que sufragar los costes. No obstante este año sí se ha incluido una partida de 72.000 euros para el contrato del agua motivada por la última modificación hecha en la ordenanza.

El ayuntamiento recurre a la gestión privada porque le resulta más práctico al menos por dos motivos. Primero porque no asume directamente el personal del servicio aplicando las condiciones del convenio colectivo del consistorio, aunque abona su sueldo con el pago de los contratos en base a las condiciones que se aplican por los acuerdos laborales entre el concesionario y los trabajadores y a la oferta que presentó la empresa. Y segundo porque le permite hacer inversiones (por ejemplo la compra de un autobús o el cambio de toda la iluminación de convencional a led) o percibir adelantos de la empresa (como el canon del agua) que se pueden amortizar durante los años de duración del contrato con cargo a la tarifa que pagan todos los usuarios o al presupuesto municipal. Pese a ello lo normal es que la gestión fuese pública, como lo es el servicio, pero con las actuales condiciones de ingresos y capacidad económica del ayuntamiento se tiende a la gestión indirecta, el último ejemplo es que el alumbrado público lo gestiona una empresa, en este caso Sice, porque el objetivo cuando se firmó el contrato en octubre de 2015 era ahorrarse unos 200.000 euros anuales en la factura.

Pero ahora se ha abierto un expediente porque los servicios técnicos del ayuntamiento concluyen que Sice no cumple con puntos del pliego del concurso, ahora la empresa tiene un plazo para presentar sus alegaciones. Lo mismo ha pasado con Canal de Isabel II con el expediente abierto por incumplimientos del contrato detallados por el servicio de inspección municipal. Canal ya ha presentado sus alegaciones. Son dos expedientes que se han hecho públicos en menos de un mes cuando el último que se conoció se resolvió hace año y medio con una multa de 2.678 euros a Talher, empresa que gestiona el mantenimiento de parques, por utilizar medios de la concesión para servicios ajenos a la misma.