Luis Iglesias, de 73 años, y Antonio Centeno, de 72, temen que la Mutualidad de Previsión Social de la Policía (Mupol), a la que pertenecen desde hace 50 años, les obligue a abandonar la vivienda que les adjudicó al ser miembros de la entonces policía armada y reunir los requisitos que les posibilitaban acceder a esas prestaciones.

"A mis 72 años me veo obligado a ir a jucio para que no me echen de la casa donde llevo viviendo toda la vida", se lamenta el policía jubilado Iglesias, señalando la citación judicial para el próximo 1 de octubre. "Aunque estemos en la misma situación, nos llaman individualmente. No les interesa que vayamos juntos, pues ya se sabe que la unión hace la fuerza y quieren desalojarnos para comercializar el terreno", declara Luis Iglesias, seguro de que en la siguiente citación aparecerá su nombre.

Los dos vecinos y excompañeros de profesión habitan en unos pisos "cedidos" por el ayuntamiento para el llamado Cuerpo de Policía Armada y de Tráfico, que fue creado durante la dictadura, reorganizado en la transición y sustituido finalmente por el Cuerpo Nacional de Policía, en 1978.

La construcción está situada en el número 27 de la avenida de Cervantes, y consta de cuatro bloques con seis viviendas cada uno, más tres chalets, hoy abandonados, donde habitaban el oficial y los suboficiales. Es decir, 27 alojamientos fueron destinados a la causa. "En 1959 ingresé en la Mutua por obligación. En aquella época cualquiera rechistaba, no se hablaba de voluntariedad", cuenta Iglesias.

Y es que Mupol tuvo una primera etapa, desde su creación (en el año 1951), hasta julio de 1989, que fue dirigida y gestionada por mandos y funcionarios de la llamada policía uniformada. Según las declaraciones de su presidente, José Sombrero, en una entrevista que recoge la publicación de prensa Avance Empresarial, "se concedían unas pequeñas prestaciones de retiro, invalidez y fallecimiento, que pretendían paliar en parte el inexistente sistema de previsión social".

En cuanto a la forma de subvención, José Sombrero afirmaba en esta misma revista que se financiaba con un porcentaje de los haberes que recibían los policías y con ingresos procedentes de economatos, comedores y bares del colectivo.

Una vez finalizada esta primera fase de la empresa, en 1993 se les hizo una oferta económica para que desalojaran los pisos. Luis Iglesias guarda una copia de la carta que envió como respuesta al entonces presidente de la mutua y en la que rechaza la propuesta, pues quiere mantener la situación en la que vive. "Si dejas de ser mutualista sí tienen derecho a echarte, como han hecho con una vecina de toda la vida", afirma Centeno. "Su marido era compañero nuestro y murió, y ella se vio obligada a abandonar", lamenta Iglesias.

Pero Mupol, tiene también su versión con respecto al régimen en el que viven los expolicías. En declaraciones a este periódico, el organismo afirma que en ningún momento hay cesión de vivienda, sino que existen unos contratos de arrendamiento hasta el momento de su jubilación.

El plazo de Mupol

En 2008 se les dio un plazo para abandonar el lugar antes del 30 de septiembre y cumplido el periodo, ninguno abandonó la casa. Los vecinos lo tomaron como una concesión. "Creímos que el proceso se había frenado, pues se nos pidió una relación de los nombres de las personas en nuestra situación y se la envíamos sin problemas", declara Luis Iglesias. "Pero tras dejarnos tranquilos durante unos meses, ahora nos responden con esto", dice Centeno mientras señala disgustado la carta que le enviará a juicio a comienzos de octubre.

Sin embargo, Mupol opina que como propietario de los bloques puede hacer con la zona lo que crea conveniente y afirma que les ha dado otras alternativas durante todo este tiempo. "Pagan por vivir allí cantidades irrisorias y esos pisos están destinados a policías en activo", declaran desde Mupol.

Luis Iglesias y Antonio Centeno pagan al mes 7,56 euros (además de la contribución e IBI), pero se quejan porque no se les ofrecen vías distintas al desalojo. "Tenemos una pensión de 1.100 euros, que no nos da para comprarnos otra casa", recalca la mujer de Centeno. "Si pudiese irme a otro lugar, ¿iba a estar yo aquí, en un piso sin ascensor con mis problemas de espalda?", cuestiona Luis Iglesias.

Además, los vecinos destacan que han invertido dinero y esfuerzo en mejorar la zona, pues cuando ha necesitado arreglos ha corrido de sus cuentas. "Hay 13 viviendas vacías, ningún policía en activo quiere venir", afirma la pareja de policías jubilados. "¿Qué motivo hay para echarnos, por favor?", se pregunta Centeno.

¿Es el momento idóneo para que abandonen su hogar? La discrepancia está servida.