El sindicato Acaip-Uso, al que pertenece casi el 50% del colectivo de empleados públicos penitenciarios a nivel nacional, ha iniciado una campaña solidaria de donación de sangre en la que participan trabajadores de la cárcel cacereña y a través de la cual se quiere denunciar las agresiones que vienen sufriendo los funcionarios de prisiones. Asimismo, el sindicato también pretende que se tomen medidas contra el déficit de personal que arrastra la cárcel cacereña, así como que su profesión vuelva a depender del Ministerio de Justicia --y no del del Interior como se da ahora-- o que los funcionarios de prisiones sean tratados como agentes de la autoridad.

La campaña, denominada ‘Cada agresión, una donación’, arrancó este lunes y se prolongará hasta el 1 de septiembre, dentro del proceso de movilizaciones que inició Acaip-Uso el pasado mes de mayo registrándolo ante el Ministerio del Interior. A través de ella, el sindicato hace referencia a las 360 agresiones que se produjeron en 2016 en prisiones de todo el país. En la de Cáceres se produjo tan solo una.

Ayer, cuatro empleados de la cárcel cacereña realizaron su donación en la sala habilitada para ello en el hospital San Pedro de Alcántara, entre los que se encontraba el responsable autonómico de Acaip-Uso, Dionisio Iglesias, que puso sobre la mesa las principales reivindicaciones de los funcionarios de prisiones. En primer lugar, el sindicato reclama que se convoque una oferta de empleo público que cubra las necesidades reales del sistema penitenciario. En ese sentido, según los cálculos de Acaip-Uso, sería necesario convocar 3.500 plazas en los próximos cuatro años (1.250 en 2018, 1.000 en 2019, 750 en 2020 y 500 en 2021).

El sindicato reclama también que su profesión vuelva a depender del Ministerio de Justicia, y no del del Interior como sucede desde hace años, así como la recuperación de las pérdidas retributivas que han sufrido o que se prescinda de la seguridad privada de la vigilancia exterior de las cárceles.

Por último, Acaip-Uso pide que los funcionarios de prisiones sean considerados ante la ley como agentes de la autoridad. Así, los empleados contarían con mayores garantías jurídicas, ya que en caso de agresión la pena sería mayor para el agresor. «Somos el colectivo que más agresiones padece en los distintos organismos de la Administración General del Estado, con más del 65% de los casos», apuntó el responsable autonómico de Acaip-Uso. «Queremos que la Administración tome conciencia de esta situación, de la que ya esta al tanto hace tiempo el secretario general de Instituciones Penitenciarias», explicó Iglesias, que remarcó que actualmente no haya casi reposición del personal «que se jubila o pasa a segunda actividad».

En ese sentido, cansado de pedirlo de manera formal, Acaip-Uso ha organizado esta campaña para «llamar la atención» de la Administración. Ayer se habían realizado ya más de 400 donaciones a nivel nacional, con lo que el reto se superará ampliamente. Solo resta comprobar si se tienen en cuenta, por fin, las reivindicaciones de los funcionarios.