El futuro del edificio y solar de la cárcel vieja de Cáceres, en la carretera de Torrejón, sigue sumido en el limbo administrativo casi cinco años después de su cierre. El ministerio del Interior, del que depende el inmueble, no ha hecho ningún tipo de avance para darle un uso o urbanizar los terrenos como se tiene previsto desde 1992.

Desde la Dirección General de Instituciones Penitenciarias se confirmó la semana pasada que la situación administrativa del centro es la misma que tras su cierre y que aún se desconoce qué será definitivamente del edificio, que se tiene previsto inicialmente derribar.

En el ayuntamiento cacereño, las respuestas a la situación actual de la cárcel vieja son similares. Tanto el teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Andrés Nevado, como la portavoz del grupo municipal socialista, Carmen Heras, aseguraron a este diario que no hay ningún avance sobre su futuro ni sobre el proyecto de construcción de viviendas, y que todo depende del ministerio del Interior.

DEMANDA VECINAL La asociación de vecinos de Pinilla, barriada en la que se ubica la cárcel, espera también que se defina cuanto antes el futuro del centro. Mantienen su rechazo absoluto a la demolición del inmueble y la demanda de habilitarlo como instituto de enseñanzas secundarias y biblioteca pública.

"Ambas dotaciones son necesarias en la zona y teniendo el edificio ya, podría destinarse a ese uso. Actualmente los niños, no sólo de Pinilla, sino de La Mejostilla y San Blas, tienen que subir a la biblioteca de Cánovas y a los institutos del centro, el único que hay cercano es el de la universidad laboral, con las molestias que esto ocasiona", argumentó Inmaculada Manzano.

En 1992 ya se tenía previsto que los terrenos que ocupaba la cárcel, entonces Cáceres I, perdiesen su uso penitenciario. El alcalde de entonces, Carlos Sánchez Polo, firmó ese año un convenio con el ministro de Interior, Tomás de la Quadra, para que el solar pasase a ser propiedad de Patrimonio del Estado una vez clausurado el centro y se destinase después a viviendas. La Dirección de Instituciones Penitenciarias no informó a este diario la semana pasada de que la cárcel hubiera pasado ya a manos de Patrimonio del Estado.

Aquel convenio de 1992 se materializó posteriormente en la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1999, que fijaba la calificación de urbanizable para el solar que ocupaba el centro penitenciario y, aunque no determinaba la desaparición del edificio, los responsables políticos se han pronunciado reiteradamente a favor de su derribo al carecer, en su opinión, de algún valor histórico. Su construcción data de 1936.

OTRO CENTRO DE INSERCION De momento, y desde marzo del 2000, el edificio alberga el Centro de Inserción Social (CIS) para reclusos en régimen abierto, sólo acuden a dormir. También se imparten en él cursos ocupacionales. El funcionamiento como centro de inserción era provisional.

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