El tribunal cuestiona que en el pliego del concurso se pidiese al adjudicatario una garantía definitiva de un millón y no del 5% del importe total de la adjudicación que es lo que establece la legislación de contratos. Precisa que ese millón es solo el 1,14% del precio del contrato. El ayuntamiento explica en sus alegaciones al informe que la Intervención municipal consideró que pedir una garantía del 5% sería excesivo y tendría una repercusión en los costes del servicio, motivo por el que se propuso dejarla en un millón. En otro punto de su informe, el tribunal critica que se pusiese un límite a la presentación de bajas por las empresas sobre el precio del contrato propuesto en los pliegos, ya que esto «no es acorde a los principios de adecuación de los contratos al precio de mercado», además recuerda que dos de las empresas llegaron a ese límite (baja del 14,99%), podían haber bajado más y se evitó la competencia, ya que ambas obtuvieron la misma puntuación en este apartado.
