El 31 de julio finaliza la prórroga de seis meses del contrato que el consistorio mantiene desde hace quince años con Canal de Isabel II para la gestión del servicio municipal del agua. Pero ese contrato va camino de una nueva prórroga. La primera estaba prevista en el pliego que desde 1995 regula la relación contractual entre el consistorio y la empresa. La segunda, no. El actual gobierno se encontrará en pocas semanas con lo que le ocurrió al anterior ejecutivo municipal, entonces del PP, en diciembre del 2006, cuando por resolución de la alcaldía se prorrogó el contrato para la gestión del servicio de basura seis meses más por razones de interés general: la basura no se podía dejar en la calle.

La decisión se tomó con el informe de la secretaría general en contra, al estimar que el contrato era improrrogable, y con acusaciones de la oposición, entonces el PSOE, de presunta prevaricación. Pero el gobierno, apoyándose en otras opiniones, de la intervención y de la inspección técnica de servicios municipales, resolvió que se daba una situación de excepcionalidad regulada por la ley de bases de régimen local, que el ayuntamiento no se podía hacer cargo de la limpieza viaria y la basura y que la prórroga era posible, dado que había un caso de emergencia que podía afectar a la seguridad si la basura no se recogía de las calles.

LEY DE CONTRATOS Ahora la situación es parecida, salvo que es el agua y que PSOE y PP cambian de puesto. El primero está ahora en el gobierno y el segundo en la oposición. No obstante, en 2007 entró en vigor la nueva ley de contratos, que en su articulado establece que por un interés público se pueden modificar características del servicio.

Pero ayer no fue ninguno de estos dos partidos el que habló de plazos. Lo hizo IU a través de su concejal, Santiago Pavón, asegurando que es imposible que se tenga adjudicado el nuevo contrato del agua el 31 de julio con los mínimos requisitos de transparencia que establece la ley de contratos. Una semana antes, la portavoz popular, Elena Nevado, daba por hecho que el 31 de julio no iba a estar adjudicado y apuntaba que su grupo no apoyaría una prórroga no regulada ni recogida en el pliego de 1995.

El portavoz del gobierno, Lorenzo de la Calle, consideró ayer que otra prórroga sería posible y comentó que puede haber "un lapsus" de tiempo entre la finalización del contrato con Canal, el 31 de julio, y la adjudicación de la nueva concesión, que se podría resolver con la prórroga. La otra posibilidad es que la gestión vuelva temporalmente al ayuntamiento, algo más complicado, aunque "no sería desmesurado", indicó el portavoz.

De la Calle recordó que está iniciado el trámite para la nueva concesión y que se negocia con el resto de grupos, salvo IU, contrario a la gestión indirecta del servicio, para que se pueda aprobar el pliego y convocar el concurso en las próximas semanas. El portavoz matizó que el gobierno está en minoría y se debe alcanzar un consenso con PP y FC. En lo que sí hay coincidencia entre PSOE e IU es en la opción de no vincular a la concesión obras por valor de 13 millones, lo que reduciría su efecto en la tasa, y financiarlas con el presupuesto.

De la Calle aseguró que en unos días se presentará el anteproyecto de explotación del servicio, ya fiscalizado por la Intervención municipal, y adelantó que si el ayuntamiento recibe al inicio de la concesión el importe total del canon, un mínimo de treinta millones, se ahorrarían 2,7 millones de euros frente a la opción de recibirlo en cinco años, que es la propuesta del PP para hacerlo coincidir con las cuotas de amortización e intereses de los créditos por 30 millones contratados para pagar deuda. El ahorro es porque se abonaría de una vez la totalidad de los seis créditos, restando los intereses.