Las últimas decisiones de la Agencia de la Vivienda, como órgano responsable de la política urbanística de la comunidad autónoma, en distintas cuestiones que afectan a Cáceres y a su municipio suponen un giro respecto a acuerdos adoptados desde el año 2000 en adelante.

Un giro que se produce cuando la tramitación de la aprobación del nuevo plan general de urbanismo, en el que se hace una planificación de la ciudad para 50 años, se encuentra en su fase inicial, en un proceso que en sus distintas etapas (alegaciones y aprobaciones provisional y definitiva) se prolongará durante los próximos meses y que no entrará en vigor, al menos, hasta la primavera.

Frente a un rechazo a crear núcleos aislados y a romper el modelo de ciudad, como las negativas en el 2001, avaladas por decisiones judiciales, a las operaciones del ferial y Mirasierra, se apuesta ahora por iniciativas que, aunque con un contenido social, los forman, como es el caso inicial de El Muelo, al que ahora se añaden los proyectos anunciados al norte de la universidad y en Colmenarejo, en la carretera de Trujillo.

Ante una política de vivienda pública pensada en la demanda y distribuida en sectores residenciales que están dentro o cercanos a la ciudad, como es el caso de las urbanizaciones hechas al amparo de la Ley del Kilómetro o el 25% de vivienda de protección oficial en todos los sectores, se anuncian ahora hasta seis iniciativas con casi 7.000 viviendas, la mayoría alejadas, no incluidas en los suelos residenciales de prioridad uno (para su ejecución en los primeros quince años de vigencia del nuevo plan de urbanismo) y que crearán enclaves residenciales desintegrados.

Y frente a una preocupación ambiental mostrada ahora con un debate abierto por la afección de los espacios residenciales previstos en el nuevo plan general en un enclave protegido como la Zepa, hace cinco años se autorizó la construcción de medio millar de viviendas en La Montaña, uno de los parajes más protegidos en Cáceres.

Residencial Mirasierra y el convenio del ferial

Durante el 2001, la Consejería de Urbanismo, con Javier Corominas al frente, desestimó dos modificaciones puntuales del plan general de urbanismo que presentó el ayuntamiento. En ambos casos, las resoluciones de la Junta fueron posteriormente avaladas por sentencias judiciales, y entre los argumentos ofrecidos por la consejería figuraron que se constituía un núcleo de población desintegrado y que se rompía el modelo de población que planificaba el plan de urbanismo en vigor desde 1999.

Entre los motivos que en enero del 2001 dio la comisión regional de Urbanismo para denegar la ejecución de 1.280 viviendas en el paraje denominado Matamoros-Labosilla figuraban que se provocaría la creación de un núcleo aislado y un desarrollo que agravaría aún más las discontinuidad existente en el tejido urbano de Cáceres, con el peligro de provocar el desarrollo de los terrenos que las separaban del núcleo urbano. Hubo otra razón más para denegarlo: Se trataba de una actuación al margen del modelo de crecimiento compacto que persigue el plan de urbanismo en vigor.

Esta promoción, que se denominó residencial Mirasierra, se proyectó en suelo no urbanizable al lado de la carretera de Medellín y a más de un kilómetro de Charca Musia, límite de la ciudad por el sureste. A la resolución de la comisión siguió en abril la orden del consejero y la denegación de la modificación puntual del plan general.

Sólo unos meses después, el ayuntamiento tramitó la modificación del plan general para el desarrollo urbanístico del ferial y sus alrededores en suelo no urbanizable. Un proyecto que afectaba a 90 hectáreas, con una cesión de 30 al ayuntamiento para la ampliación del ferial, y que suponía la construcción de 3.113 viviendas. La posición de Coro--