El pleno de la corporación local aprobó ayer la contratación de un crédito por importe de 9,8 millones de euros para financiar más de la mitad de las inversiones recogidas en el presupuesto de 2008. Salió adelante al contar finalmente el gobierno municipal (PSOE-IU) con el voto de Foro Ciudadano. Su edil, Felipe Vela, se había abstenido en la comisión de Economía que días antes dictaminó esta operación. El PP votó en contra. Durante el debate de este punto se adelantó por parte del concejal de Economía, Lorenzo de la Calle, que el ayuntamiento deberá afrontar el pago de unos 15 millones de euros por gastos comprometidos y hechos entre los años 2002 y 2007 que no tenían crédito reservado y que se realizaron omitiendo el proceso para su autorización.
La operación que se aprobó ayer es la de mayor importe que concertará el consistorio. El gobierno local optó por el crédito, fórmula a la que no se recurría desde 2003, para diversificar las fuentes de financiación de las inversiones y que no ocurriera como en presupuestos anteriores, en los que se condicionaba la financiación de muchas de las actuaciones a la venta de suelo con el resultado de que parte de lo presupuestado no se hacía.
Con este crédito se pagarán inversiones tan diversas como un nuevo edificio para usos administrativos, con un coste de dos millones de euros (el de mayor cuantía), o la adquisición de un ciclomotor para el servicio municipal de portería para el reparto de certificados, 6.000 euros (el de menor cuantía). La mayoría de las partidas son obras de infraestructuras, de las que parte son del capítulo de inversiones del último presupuesto que planificó el PP cuando gobernaba (así aparecen gastos como la reforma de Cánovas, la renovación de servicios en Llopis Ivorra o la construcción de una glorieta en el cruce de la Cruz Roja).
Una de las diferencias que en materia de presupuestos tienen los últimas cuentas del PP y la primera del nuevo gobierno es, precisamente, la financiación de las inversiones. El PP hacía una interpretación más amplia de la Ley del Suelo regional en lo referente a qué inversiones se pueden pagar con la venta de suelo, lo que hacía que se condicionase la financiación de la mayoría de las inversiones a la enajenación de terrenos. El nuevo equipo de gobierno solo utiliza la venta de suelo para casos muy concretos y que se ajusten estrictamente a la ley regional, y recurre al crédito para pagar otras inversiones.
EL DEBATE El portavoz del Partido Popular, Francisco Javier Castellano, explicó el rechazo de su grupo a esta operación de crédito por no estar conforme con algunas de las inversiones que se incluyen y porque la operación, que se concertará por un periodo de doce años, generará unos intereses que "superarán los 3,6 millones de euros", subrayó. Además cuestionó la urgencia de un gasto de dos millones para un edificio administrativo y que se quiera sufragar con este crédito pequeñas partidas que "se deberían incluir entre los gastos corrientes de mantenimiento" de la Concejalía de Infraestructuras, añadió el edil.
También se refirió a que en el capítulo de ingresos por tributos se ha presupuestado un aumento de seis millones de euros. "Ya tienen ahí mil millones de pesetas", agregó, al incidir en que se ha podido usar este dinero para inversiones en vez del crédito.
De la Calle replicó a Castellano recordándole que el ayuntamiento gana "credibilidad" con esta operación de crédito, dado que hay más medios para ejecutar las inversiones presupuestadas, añadiendo que frente a los intereses que genera esta operación están los de "demora" por los gastos hechos en etapas anteriores. "Soy duro de oído, pero a veces me gustaría quedarme sordo", comentó el concejal cuando se refirió a las reclamaciones de acreedores del ayuntamiento.
El concejal de Economía aseguró que el aumento en la previsión de ingresos por tributos no es achacable a una subida acordada en el último año, sino a los incrementos en cinco años que para el IBI se acordaron en 2004 y a la intención del gobierno de que afloren todos los inmuebles por los que no se paga, agregando que los ingresos corrientes (por tributos y otros) son los que están sustentando los gastos corrientes (personal y servicios que se prestan a los ciudadanos, entre otros). El edil concluyó que con el crédito y con los más de 5 millones que se esperan recaudar con la venta de suelo (el día 26 se van a abrir las ofertas) ya se podrá atender gran parte de la inversión de este ejercicio.
Pero el debate no se ciñó a la operación de crédito para inversiones de este año. De la Calle también se refirió a que hay "más de 14 millones" de euros por abonar de gastos pendientes de aplicación, cuantificación que parte de gastos hechos desde 2002 hasta 2007. Esta cantidad sale de actuaciones realizadas sin disponer del crédito presupuestario necesario para sufragarlas, uno de los casos que citó fue el de la fuente de Nuevo Cáceres, inaugurada en el año 2006 y "que todavía está sin pagar".
También subrayó que se deben 4,5 millones a las juntas de compensación por la urbanización de polígonos y que hay pendientes expropiaciones valoradas por sus propietarios en 33 millones y que el consistorio cuantifica en 17. Estas cifras y otras, como la deuda a Confederación del Tajo por el trasvase del Almonte, lo pendiente de abonar a diputación o el pago de sentencias firmes, se incorporan en el plan económico-financiero que debe presentar su concejalía para atenderlas.
INFORMES La operación de crédito para inversiones no se hubiese podido aprobar sin el apoyo de Vela para sumar los 13 votos necesarios. Aseguró que votaba a favor por "responsabilidad política" y que, no obstante, seguía teniendo "dudas" de que el proceso elegido para su contratación sea el más adecuado. Esas dudas parten de los informes de Secretaría General, por un lado, y de Intervención y Tesorería, por otro. El primero informó de que la operación debía de contratarse de acuerdo con la nueva ley de contratos, mientras que los segundos estimaban que su adjudicación debe seguir el procedimiento previsto en las bases de ejecución del presupuesto de 2008.
Vela pidió ayer al gobierno que a la hora de que los servicios municipales informen que "no lo hagan aquellos a los que no corresponda", añadiendo que "quien únicamente puede emitir informes jurídicos es la Secretaria General" y que los otros dos departamentos (Tesorería e Intervención) deben limitarse a las tareas de fiscalización e informar de temas económicos, agregando que "con frecuencia" los informes que emiten estos servicios son "contradictorios".
