GP Promoción de Suelo, sociedad a la que el ayuntamiento debe pagar 6,3 millones de euros por la expropiación de tres fincas de 1,8 hectáreas para proceder a la ampliación del parque del Príncipe, se constituyó en diciembre de 1998, solamente un mes antes de la compra de la primera de las fincas, que se adquirieron en enero, marzo y diciembre de 1999 por 625.000 euros, mientras que ahora percibirá del consistorio 6,3 millones del justiprecio por la expropiación de las tres parcelas, diez veces más de lo que pagó esta sociedad en 1999 por un suelo que es urbano pero con una calificación de verde público, lo que obliga al ayuntamiento a su consecución.

GP Promoción de Suelo tiene su domicilio en Getafe. Su administrador es César Carlos Palacios, al menos desde enero de 1999, y la apoderada es Elena Nieto Serrano, un puesto que ocupa desde mediados de 2002, con anterioridad este cargo de apoderada lo ocupó María Concepción Montero. Según datos registrales, Elena Nieto es la administradora de otras sociedades en la provincia, entre las que está la empresa Técnicas Medioambientales de Extremadura.

La sociedad GP Promoción de Suelo tiene además el 79,90% de la entidad Fomento y Medio Ambiente de Extremadura. Según datos registrales, como presidente de esta sociedad está Vicente Montero, el consejero delegado es Iluminado Bueno, que participa en otra decena de sociedades, y como consejeros aparecen GP Promoción de Suelo y David Granado López, que también participa en otras sociedades. La entidad Fomento y Medio Ambiente de Extremadura se constituyó en el año 1999 y su sede social coincide con el domicilio de Jesús Alarcón, que en los últimos meses ha adquirido relevancia en la ciudad por su participación, con la empresa Estudios Urbanísticos y Mediambientales SL, en la operación urbanística para la recalificación de las Carmelitas, intervención que tiene el atractivo de que se planifica con un gran almacén de El Corte Inglés.

El nombre de Jesús Alarcón aparece en un acta de la junta de gobierno del consistorio solicitando la participación de su representada, GP Promoción de Suelo, en las negociaciones para la adquisición de terrenos de la ampliación del parque del Príncipe. El ayuntamiento negoció con la sociedad Promeimsa, con gestiones en 1999, 2000 y 2001, la adquisición de otras 4,4 hectáreas de la ampliación. Con Promeimsa, cuyo apoderado entonces era Manuel Nieto Moro, se permutaron suelos municipales, más de 50.000 metros cuadrados edificables en Rodeo, Perú y al lado de la estación, que dependiendo del tamaño de los pisos permitían de trescientos a más de cuatrocientos, viviendas en cuyo posterior desarrollo participó el grupo Placonsa.

OTRAS SENTENCIAS Por parte del gobierno municipal no ha habido declaraciones oficiales sobre cómo se cumplirá la sentencia de los 6,3 millones, a los que habrá que sumar los intereses que se hayan generado. El pago se puede hacer en metálico, intentando fraccionar su abono o con la búsqueda de un acuerdo con la sociedad y una permuta.

Se prevé que esta mañana se celebre una reunión en la que se aborde no solamente cómo atender la sentencia de la ampliación del parque del Príncipe, sino también otras dos por las que el ayuntamiento deberá abonar más de dos millones de euros a las sociedades Habana Antigua y Tres Calderas. También son sentencias por suelos privados que el ayuntamiento debe obtener dado que en el plan general de urbanismo se calificaron para unas utilidades públicas.

Damián Arroyo, que ya ganó otras sentencias al ayuntamiento por la expropiación de suelo verde público (que compró como verde junto al cementerio), por las que obtuvo un importe superior a dos millones de euros, está vinculado a Habana Antigua.

Estas dos últimas sentencias son del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) y contra las mismas cabe recurso. Entre los expedientes que las sociedades Habana Antigua y Tres Calderas iniciaron para la determinación de los justiprecios que debe pagar el ayuntamiento está uno de un terreno 3.346 metros cuadrados (aproximadamente la mitad de un campo de fútbol) que el plan de urbanismo califica de viario público.

Este suelo es propiedad de las dos sociedades, que en la hoja de aprecio que presentaron para su expropiación por el ayuntamiento valoraban estos terrenos en la cifra de 5.404.633 euros, mientras que la valoración de los técnicos del ayuntamiento fue de 1.312.001 euros, además hubo un tercer informe, de un arquitecto de la Junta, en el que calculaba su valor en 406.813 euros, aunque daba al terreno una superficie mayor que la que tiene.

El ayuntamiento ha presupuesta para este año más de cuatro millones para hacer frente al pago de expropiaciones, una cantidad que se incluyó, entre otros motivos, en previsión de las posibles sentencias judiciales que se pudieran producir por la expropiación de terrenos. Esta cantidad, con la sentencia del parque del Príncipe y los dos fallos de las sociedades Tres Calderas y Habana Antigua, ya está superada, por lo que habrá que determinar otras fuentes de financiación o soluciones.

Además hay otros expedientes para expropiaciones, muchos de ellos están en la vía administrativa, que todavía están pendiente de resolver por el ayuntamiento.