Como la memoria colectiva suele ser frágil, embarcados cada cual en sus preocupaciones, solemos denunciar de vez en cuando el estilo político de nuestros gobernantes locales, que les permite descalificar las propuestas de sus adversarios, por un lado, y venderlas como propias meses más tarde, con cara de perfecta serenidad, que algunos califican simplemente de cara dura.
Ejemplos los hay a raudales. El último, el correspondiente al edificio de la cárcel vieja, sobre el que se firmó un convenio en 1992 acerca de sus usos urbanísticos futuros cuando aquélla dejase de cumplir su papel. En aquel momento, la situación depauperada del barrio en el que el edificio está enclavado recomendaba destinar el espacio a viviendas de protección especial, borrando la imagen anterior. Hoy las circunstancias de la zona son otras y es deseo de los propios vecinos tener un centro restaurado para fines sociales y culturales al modo en el que se han hecho en otras ciudades.
El 9 de enero del 2003, los socialistas solicitaron en el pleno que se denunciase el convenio suscrito con el Ministerio de Justicia por incumplimiento suficientemente probado de la Administración y que los terrenos revirtiesen al municipio cacereño de acuerdo a la Ley de Patrimonio del Estado.
La respuesta fue descalificatoria. Se acusó al partido socialista de no se sabe qué contradicciones e intereses contrarios a los cacereños y se hizo oídos sordos a una idea que, andando el tiempo, el propio alcalde da por recomendable.
No nos molesta que la planificación de los socialistas se lleve poco a poco a efecto en la ciudad. Nos molesta la falta de respeto del grupo popular hacia los cacereños a los que representamos, pero ya se sabe que los dioses ciegan a los hombres que quieren perder.
