La alcaldesa de Cáceres, Carmen Heras, se mostró ayer a favor de modificar la calificación de los terrenos en los que se construyó el residencial Universidad, con el fin de regularizar la situación de las 550 viviendas que integran el complejo. La regidora aseguró que habrá una decisión firme por parte del ayuntamiento "a medidados de semana", y considera que "puesto que tenemos un plan de urbanismo que aún no está aprobado y que ese texto ya contempla que esa área está ocupada por viviendas", la opción más factible para acatar la sentencia del Tribunal Supremo sin perjudicar a las familias que ocupan las viviendas, sería que los terrenos no se mantengan bajo la condición de zona no urbanizable protegida.

Heras se refería a la sentencia del Tribunal Supremo (TS) del pasado 25 de septiembre --recogida ayer en este diario-- que anula la orden de la Junta que permitió a la empresa promotora Magenta edificar este complejo de viviendas en las estribaciones de la Montaña.

El Supremo desestima así los recursos presentados por la Junta, el ayuntamiento y Magenta, y ratifica la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), que en el 2003 anuló la orden de la Consejería de Vivienda que permitió introducir una modificación puntual en el plan de urbanismo para construir en esta zona, a pesar de que en las aprobaciones inicial y provisional de la revisión posterior al plan estos terrenos ya figuraban como protegidos.

EL INTERES DE LAS FAMILIAS Ante esta situación, la regidora reitera que "esta anulación confirma la que ya dictó al TSJEx en la que afirmaban que era totalmente ilegal construir ahí". En todo caso esperará a contar con la sentencia del Supremo para ver si en esta se introduce algún matiz nuevo a lo que disponía la del tribunal superior extremeño, y para evaluar también qué pasos está obligado a dar el consistorio según esta sentencia.

Aunque la resolución del Supremo ya se abordó en la junta local de gobierno del pasado viernes será mañana lunes cuando comiencen a darse los primeros pasos. La alcaldesa aseveró que si mañana lunes a cuenta con la sentencia del Supremo, se reunirá con los servicios jurídicos del ayuntamiento para estudiar la fórmula por la que se puede "legalizar" la situación de las viviendas. "Hay que buscar alguna solución porque las casa están habitadas hay personas viviendo allí y debe prevalecer el interés de los vecinos", fueron las palabras con las que la alcaldesa mostró su disposición a que estos terrenos pasen a formar parte de suelo urbano.

En todo caso, Heras lamentó que se generaran este tipo de situaciones por la lentitud de los procesos judiciales. "Cuando, como en este caso, el fallo judicial se retrasa en exceso hace que sea difícil de cumplir la sentencia", afirmó.

IU BUSCA RESPONSABLES Respecto a la sentencia del Supremo, el portavoz y concejal de Izquierda Unida (IU), Santiago Pavón, aseguró que la coalición que representa va a solicitar en los próximos días toda la información sobre el expediente de modificación puntual del plan que se hizo para convertir en urbanos los terrenos en los que se levantaron las 550 viviendas de este residencial.

Pavón, que es vicepresidente en la comisión municipal de Urbanismo, indicó que la intención de su grupo es depurar responsabilidades, tanto políticas, de los cargos de la Junta y del ayuntamiento que aprobaron la modificación puntal del plan, como las exigibles a la empresa promotora de las viviendas que se ocupó de edificar en estos terrenos.