El licenciado en Historia y Derecho por la Universidad de Extremadura Antonio Manuel Barragán-Lancharro denuncia que el martillo electrónico utilizado por los operarios que proceden a la retirada del escudo de la fachada posterior de la sede del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) puede agravar sus grietas
Barragán-Lancharro señala que el pasado jueves, 13 de enero, comenzaron las obras de extracción de un escudo de España instalado en 1958 en la fachada del Palacio de Justicia de Cáceres, hoy sede del TSJEx, obra del escultor extremeño Enrique Pérez Comendador.
El historiador refiere que el edificio del TSJEx es del siglo XVIII y que el escudo está situado en la ampliación de la década de 1950, y está incluido dentro del perímetro del Conjunto Histórico de Cáceres.
En este sentido, asevera que según la Ley de Patrimonio Histórico de Extremadura, todos los escudos existentes en la región son por ministerio de la Ley de Bienes de Interés Cultural, calificación que le otorga la máxima protección administrativa, con importantes sanciones económicas si se destruyen o alteran.
Por este motivo, interpone ante la Junta de Extremadura dos denuncias administrativas, "para que cese el expolio de este Bien de Interés Cultural y para que se inspeccione el estado del emblema, que presenta grietas".
En su opinión, esas grietas "generadas en el tiempo se pueden agravar por la utilización de un martillo eléctrico que trasmite vibraciones a la piedra".
"Hasta el momento ambas solicitudes han sido desoídas, haciendo la Junta de Extremadura una dejación clamorosa de funciones asumidas en el Estatuto de Autonomía", apunta.
Al mismo tiempo denuncia la pasividad del Ayuntamiento de Cáceres, que "debe velar por la conservación del patrimonio histórico de una ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad".
También afirma que la delegada del Gobierno, Carmen Pereira, declaró ayer que si había alguna petición para que permaneciera el escudo, aquélla sería atendida.
A este respecto indica que ha presentado hoy un escrito en la Subdelegación de Gobierno de Cáceres que justifica la peculiaridad del escudo, la protección legal que tiene y en el que realiza cuatro peticiones. En concreto, solicita que cesen las obras de retirada por ser contrario a la legislación de patrimonio histórico, que se restituya a su estado original, que personal autorizado inspeccione el estado del escudo por los daños que hubiere sufrido y que el escudo no salga de la ciudad.
