Esta normativa no soluciona para nada el problema que hay en Cáceres porque el principal problema son los horarios y eso no depende del ayuntamiento". Esa es la opinión que el presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería y Turismo (Aecathur), César Martín, pronunció cuando este diario le preguntó por la valoración del colectivo sobre la renovada ordenanza de Protección del Medioambiente en materia de Ruidos y Vibraciones, conocida como ordenanza de ocio.

A su juicio "esta normativa es tan mala como la del 96" porque "solo se basa en dar normativas sobre café-bares y café concierto", criticó. A su juicio la normativa es desproporcionada porque establece unas dimensiones mínimas que "no pueden cumplir la mayoría de los locales". Se refería en concreto a las dimensiones mínimas para ser café-concierto: 100 metros cuadrados para el público, a lo que hay que añadir el espacio de barra, almacén o escenario.

Además cuestionan las nuevas exigencias para reforzar la insonorización de los locales, la distancia mínima de 50 metros que la nueva norma establece para abrir establecimientos de hostelería, así como el mantenimiento de Pizarro y La Madrila como zonas saturadas, "mientras que no se hace lo mismo con la plaza por el proyecto Intramuros", se quejó Martín. Respecto a la insonorización, los hosteleros consideran que el problema en lugares como La Madrila no es de los locales, sino "de la estructura de los propios edificios", afirmó. Además consideran "un paso atrás" la ampliación de la distancia mínima de 25 a 50 metros.

35 ALEGACIONES Martín se refirió a las alegaciones que su colectivo presentó al texto y de las que "solo se ha recogido una mínima parte", según dijo. Aecathur presentó 35 alegaciones al articulado y 15 añadidos al interior de los artículos. "Entendemos que la intención del consistorio será la de evitar que se creen zonas de mayor acumulación de bares", asume el colectivo, si bien destacan que desde la asociación ya se asumió el compromiso de que "se debían cumplir todos los requisitos de insonorización y seguridad que fijasen las respectivas normas de aplicación".

Pero una de las cuestiones que más ha molestado a los hosteleros y que así han trasladado al colectivo que les representa es el incremento de las sanciones. Martín criticó que "son desproporcionadas" porque eleva la cuantía en todas las infracciones, y especialmente en las ´muy graves´, donde la sanción sube a 300.000 euros frente a los 15.000 que establecía el texto anterior. "Esa cantidad es del todo desproporcionada" y la redacción de la ordenanza "deja al criterio de los técnicos en qué momento se considera sanción muy grave", puesto que "solo" establece que lo será en caso de reincidencia en el periodo de 3 meses, "sin una mayor definición", criticó.