Una profesora cacereña se disponía a viajar con una ONG para llevar medicación a su destino, cuando un problema de overbooking la dejó en tierra. Pese a que tenía un documento de la operadora que reconocía el derecho a ser indemnizada, ni siquiera el Ministerio de Fomento le dio una solución. Finalmente, y solo tras recurrir al juzgado, ha cobrado tres años después.
