El ayuntamiento valorará la reforma demandada por los vecinos de Santa Bárbara en su sede vecinal antes de iniciar cualquier actuación. Así lo confirmó ayer el concejal de Participación Ciudadana, José Luis Sánchez, tras la reunión mantenida el pasado lunes con la presidenta del colectivo de vecinos, Guadalupe Iglesias, y a la que también asistió el alcalde José María Saponi.

Según explicó Sánchez, está previsto que técnicos municipales inspeccionen las instalaciones vecinales en las que, dijo, "se han detectado humedades que afectan a la construcción". El edil aseguró que el consistorio realizará un proyecto para determinar el alcance de estas deficiencias, aunque insistió en la idea de que las obras se acometerán en función del coste económico definitivo. José Luis Sánchez dejó claro que el colectivo vecinal es "responsable" del mantenimiento de la sede y que una parte de las subvenciones municipales que recibe debe destinarse a este apartado.

Sin embargo, la responsable vecinal mostró ayer su convencimiento de que se realizará la reforma y destacó el "compromiso" del equipo de gobierno para completar la renovación de los colectores pendientes en la barriada. Unas actuaciones en las que, según dijo Sánchez, tendrán que participar económicamente los vecinos afectados, ya que la red de saneamiento discurre por debajo de sus domicilios y éstos deben pagar el enganche con las nuevas tuberías que se harán en las calles. El edil aseguró que el objetivo "es ir acometiendo estas obras durante lo que queda de legislatura".

Por otro lado, la presidenta vecinal destacó también el acuerdo alcanzado para abrir una oficina de vigilancia mixta que estará atendida por policías locales y nacionales en un local de la Junta de Extremadura en la calle Juan García. El concejal de Participación Ciudadana confirmó este extremo y anunció que a las instalaciones también se incorporará una asistente social, que participará en el plan de dinamización previsto para la zona.

Guadalupe Iglesias también expuso en la reunión la necesidad de aumentar la seguridad para evitar que se ocupen pisos vacíos. Sánchez indicó que, cuando se detectan casos de este tipo, se procede a desalojarlos y a tapiar las viviendas.