La comisión municipal de Urbanismo cerró ayer el estudio de las alegaciones presentadas a la aprobación inicial de nuevo plan general de urbanismo. Entre las cuestiones que se abordaron estaba el recurso administrativo que ha interpuesto la sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (Instituciones Penitenciarias depende del Ministerio del Interior), que pide que en el nuevo plan se recoja el contenido del convenio que en 1992 firmaron el Ministerio de Justicia y el ayuntamiento y que conlleva necesariamente el derribo de la vieja prisión, ya que el acuerdo prevé destinar el solar a viviendas y proyecta una nueva alineación de la calle.

La comisión local no se pronunció ayer sobre la petición de la sociedad. Su presidente, José Antonio Villa, explicó que al tratarse de un recurso y no de una alegación se ha pedido un informe jurídico para que vuelva a la comisión con el expediente y se decida "si se estima o no".

El nuevo plan de urbanismo, que todavía no está en vigor, incluye el edificio entre los bienes a proteger y conservar. Se da la circunstancia de que el pasado mes de marzo el PP respaldó una proposición del PSOE para destinar el edificio a equipamientos del barrio, un acuerdo del que se desmarcó el concejal del PP, Manuel Rodríguez Cancho, y que es uno de los asuntos en los que ha mostrado públicamente sus diferencias con el gobierno. Cancho, que es partidario de derribar el edificio y ampliar la avenida, mostró ayer su satisfacción por la decisión de la sociedad.