Tres funcionarios de la Jefatura Provincial de Tráfico en Cáceres han sido detenidos y han prestado declaración durante el pasado fin de semana por una presunta trama de corrupción en este organismo, según han confirmado a EL PERIODICO fuentes cercanas al caso.
En concreto, se investiga un supuesto delito de falsedad en documento público. Dos de los detenidos han sido puestos en libertad y ayer se habían incorporado a sus puestos de trabajo. El tercero, J. C. V, que es uno de los responsables del departamento de Sanciones de la jefatura, se encontraba anoche en el módulo de ingresos del centro penitenciario de Cáceres.
El subdelegado del Gobierno en Cáceres, Fernando Solís, preguntado por este diario, se limitó a confirmar que hay una investigación en curso, por lo que pidió máxima cautela hasta que las pesquisas finalicen.
La investigación fue iniciada por la Comandancia de la Guardia Civil a raíz de ciertas sospechas. Las detenciones se practicaron entre el jueves y el viernes, según las fuentes consultadas, que no pudieron precisar más detalles. Según testigos presenciales, agentes del departamento de Policía Judicial se personaron en las instalaciones de la jefatura, en la calle doctor Marañón, para llevar a los funcionarios a prestar declaración.
Unos de ellos, F. N., de la sección de Seguridad Vial, se había desplazado a Castilla la Mancha para asistir a una reunión de trabajo y, siempre según las informaciones confirmadas por este diario, fue reclamado un día antes en Toledo por la Guardia Civil. La tercera detenida, M. L., es una empleada de la escala de conductores subalternos.
ORDENADOR DECOMISADO Efectivos de la Guardia Civil también han decomisado un ordenador de la jefatura que podría contener información sobre cómo se han cometido los supuestos delitos. Los agentes investigan también a un abogado externo vinculado a la trama.
Las fuentes consultadas por este periódico no pudieron precisar en qué consiste con exactitud el presunto delito de falsedad documental que se investiga, si bien aseguraron que todo apunta a que puede estar relacionado con una compleja trama burocrática para quedarse con dinero de las multas.
