Los presupuestos llegan esta mañana al pleno de la corporación con la incertidumbre de si finalmente se aprobarán. El concejal de IU y primer teniente de alcalde, Santiago Pavón, no concretará hasta el pleno el sentido de su voto. Si se pronuncia en contra, el presupuesto no se aprueba. Para que esto no suceda y se abra una crisis en el gobierno local bastará con que el PSOE, mayoritario en el gobierno local, dé durante el debate del presupuesto garantías suficientes de que el ayuntamiento ejercerá el control de la gestión del servicio municipal de agua cuando en febrero se ponga fin a la relación con Canal de Isabel II. El encuentro que el lunes tuvieron representantes de los dos partidos abrió el camino para esta solución, que ahora se deberá concretar en el pleno.

Pavón no se pronunció ayer, ni siquiera intervino en la junta de portavoces. La alcaldesa, Carmen Heras, sí habló. Afirmó que habrá que esperar al pleno para que cada grupo "marque sus posiciones", pero a continuación se mostró esperanzada "en que los presupuestos saldrán adelante".

Durante la reunión del lunes Heras y el concejal de Economía, Lorenzo de la Calle, explicaron a los representantes de Izquierda Unida, con sus responsables locales a la cabeza --Luis Gibello y Manuel Cruz--, la conveniencia de lograr un ingreso extra con el canon del agua para hacer frente a las deudas municipales.

El ingreso por este canon no es igual con una empresa privada que con una empresa mixta, aunque esté participaba mayoritariamente por el ayuntamiento como se propone por IU. Este canon se paga por el valor de reposición de las instalaciones que el ayuntamiento deja a la empresa privada. En la solución mixta, el ayuntamiento tendría que aportar su inmovilizado (las instalaciones) en su participación en la empresa. Es decir, el canon ya no se cobraría por este concepto.

Pavón conoce la deuda que tiene el consistorio, incluso, según se ha retirado por el PSOE, ha intervenido en la configuración del presupuesto. Pero su partido no quiere canon del agua vinculado a que una empresa, que saldría de un concurso público, siga gestionando el servicio municipal del agua. Como mucho se aceptaría un canon si la gestión recae en una empresa mixta participada por el ayuntamiento.

EL ACUERDO De lo que está pasando entre los dos partidos del gobierno llama primero la atención la falta de coordinación. El grupo socialista defendió la incorporación de un canon sin que antes IU garantizase su respaldo y sabiendo que una de las condiciones que puso Izquierda Unida en el acuerdo para el gobierno municipal fue el rescate de las concesiones de servicios que finalizasen en la legislatura si técnicamente era posible, demanda que se recordó en noviembre, cuando IU en un encuentro con el PSOE reiteró su reclamación de rescatar la concesión del servicio del agua. Esta descoordinación, con un encuentro dos días antes del pleno para aprobar los presupuestos en el mes de abril y con uno de los dos partidos del gobierno anunciando que no da su apoyo, resta seriedad al gobierno municipal de Cáceres.

La segunda cuestión que llama la atención es la falta de alternativas al ingreso que se prevé por el canon. IU no quiere empresa privada, pero no se da una opción de ingresos extraordinarios, ya que se tiene aún que analizar qué recursos generaría una empresa mixta. Tampoco el PP, de cuya gestión en el gobierno es parte de la deuda que se quiere atender con el canon (no la totalidad porque las expropiaciones nacen de un planeamiento con el que se encontró el PP, aunque lo gestionase), ofrece una alternativa para lograr ingresos que no sean con el canon.

El debate político está tapando la necesidad de sanear las arcas locales y el problema de que la previsión de recursos corrientes no crece. El reciente decreto del Gobierno para dar una alternativa para que los ayuntamientos paguen sus deudas con empresas y autónomos permite al ayuntamiento un mayor endeudamiento con un periodo de amortización de 6 años. El ICO avalaría la operación. Pero para que el ayuntamiento pueda acogerse a esta medida estatal necesitará aprobar un plan de saneamiento, con unos ingresos suficientes para amortizar la deuda, ya que si no atiende al débito, el ICO responde ante la entidad financiera con su aval y restándolo de la aportación que recibiría el consistorio por su participación en los tributos estatales (es decir, la recaudación por ingresos corrientes, con los que se paga al personal del ayuntamiento y los servicios básicos de la ciudad, tendría un nuevo recorte).

El plan de saneamiento necesita garantizar los ingresos y la alternativa que hasta ahora se ha puesto sobre la mesa es el canon (31 millones si la concesión es a treinta años y si la empresa aporta en los tres primeros ejercicios lo que debería pagar en 30, cálculos que se ajustaría a 15 años si prospera el acuerdo alcanzado entre el PSOE y Foro Ciudadano, que apoya el presupuesto).