Tras el recurso ante el juzgado de Canal, y el que presentó esta semana ante el pleno Aguas de Cáceres, ahora es el grupo municipal de Izquierda Unida quien cuestiona el proceso que se sigue en la adjudicación del servicio de gestión de agua. El concejal Santiago Pavón, que forma parte de la mesa de Contratación encargada de formular la propuesta de adjudicación, anunció ayer que su formación va a recurrir a la Fiscalía Superior de Extremadura "por un presunto delito de falsificación en documento público de acuerdo con el artículo 390.1 primero y cuarto del código penal", afirmó el edil. En ese documento solicitan que el proceso de paralice "porque el proceso está viciado", argumentó.
El escrito ya está firmado y se entregará a más tardar el próximo lunes, según precisó Pavón. La formación ultimaba ayer la recopilación de los documentos que consideran que deben ser revisados por el fiscal para realizar una valoración, entre los que están los informes del sobre B, en el que se incluye la oferta técnica de cada empresa. Uno se presentó el 8 de noviembre y el 20 de diciembre se presentó un nuevo informe sobre esa oferta (precisamente las variaciones de uno y otro informe fueron la razón que llevó también a Aguas de Cáceres a presentar un recurso al pleno). Además se entregarán a la fiscalía las actas de la mesa de Contratación en la que se ratifican los dos informes, el acta del pleno extraordinario y el informe que elaboraron el secretario general, el interventor y el jefe del servicio de agua.
"En ellos hay indicios suficientes de un presunto delito", reiteró Pavón, que sostiene que en los dos informes elaborados por la Inspección Técnica, "lo que dice el segundo informe es absolutamente diferente a lo que decía en el primero", lo que a su juicio supone que "ha roto ese criterio". Además sostuvo que esa circunstancia va a afectar "de manera esencial" a la contratación del servicio de agua.
"No lo hacemos por cazar al técnico, porque este en principio lo que cumple un acuerdo de la mesa", advirtió el edil, que cree que podría haber también "un presunto delito de prevaricación"
"Queremos poner sobre la mesa que si se sigue adelante con el procedimiento de contratación pueden llegar en cascada, como están llegando, los recursos de las empresas", señaló Pavón; algo en lo que coincidieron ya todos los partidos en el pleno extraordinario del pasado 29 de diciembre. Por ese motivo, "lo más sensato es anular el procedimiento y volver a comenzar de nuevo", afirmó.
Este diario contactó ayer con el gobierno local, que rechazó valorar la decisión de IU.
