Satisfecho con el fallo judicial que le absuelve de prevaricación, Joaquín Rumbo vuelve a defender su inocencia. En esta entrevista asegura que en Aldea Moret sólo trató de poner freno a una situación anómala y que, por eso, no descarta seguir luchando contra la decisión judicial que le obliga al pago de 3.000 euros.

--¿Le ha caído de sorpresa el fallo de la Audiencia?

--No, porque nunca barajé la posibilidad de perder este caso. Siempre he dicho que mi decisión se basó exclusivamente en que la Asociación de Vecinos de Santa Bárbara me pidió un cambio de titularidad del contrato de la luz, que fue lo que se produjo. Fue un técnico del ayuntamiento quien redactó el escrito y me aconsejó firmarlo puesto que había que legalizar una situación anómala en el contrato de la asociación ya que el titular era el ayuntamiento pero los recibos se ingresaban en la asociación. Ese escrito lo mandamos a Iberdrola con la convicción de que se daría de alta a la asociación en 48 horas, que es el tiempo que la compañía espera cuando se producen cambios de titularidad. Sin embargo eso no se produjo hasta días después ya que la asociación se encontró con que se habían cambiado las cerraduras de la sede. En ese espacio de tiempo es cuando hipotéticos arrendatarios del bar de la sede pusieron la denuncia. Mi decisión nunca se ha contado en los medios de comunicación ni tampoco se recoge en la sentencia: el ayuntamiento sólo quería cambiar la titularidad del contrato de luz.

--Pero a partir de ahí se complicaron las cosas...

--Es que al principio yo no le dí ninguna importancia. Incluso el fiscal dijo que no procedía que se tramitara el tema, luego cambió el fiscal, que sí lo admitió a trámite, y en ese trámite se incorporaron nuevos hechos, como eran el desalojo, cosa que se me imputó a mí y yo no lo había hecho y eso quedó claro. Pasó a lo civil, luego pasó a lo penal y luego hubo juicio. A última hora se cambió de juez... En la sentencia se dice que yo, intencionadamente, hice un corte de luz a petición de la asociación y no es un corte de luz puro y duro, es intentar legalizar una situación anómala que había en la titularidad del contrato.

--¿Y por qué se decidió cambiar de titularidad?

--En 1995, cuando entré en el ayuntamiento, cambiamos 35 contratos de luz y agua de todas las asociaciones que había en la ciudad porque detectamos que los contratos estaban a nombre del ayuntamiento y los pagaba el ayuntamiento. Había unos abusos importantes en los consumos y por eso decidimos cambiar la titularidad, para que las asociaciones pagaran sus consumos y controlaran el gasto. Pero, no sé por qué motivo, en Aldea Moret el contrato estaba a nombre del ayuntamiento y los recibos pasaban a la asociación.

--¿Cómo detectaron que se estaba produciendo un fallo?

--La asociación de vecinos realizó un arrendamiento irregular y fue cuando lo detectamos. Lo cierto es que la presidenta de la asociación no podía alquilar el local, porque no era suyo, lo tiene que hacer el ayuntamiento. El ayuntamiento estaba ajeno a que este contrato existía. Además, para abrir un bar en una sede se necesita un permiso de apertura, de sanidad y la autorización de la Junta, cosa que no ocurría en este caso.

--La sentencia le considera responsable de coacciones...

--No estoy de acuerdo con la multa de 3.000 euros que se me ha impuesto porque no me siento responsable de ninguna pérdida. Primero porque pérdidas no ha habido, en absoluto. Y segundo, porque bajo mi punto de vista no ha habido ningún daño ocasionado a ninguna persona, por lo menos por mi parte. Considero que debo quedar libre de toda culpa y creo que esto habrá que aclararlo. Por eso en los próximos días estudiaremos si tomamos algún tipo de medida. Lo más importante es que esos siete años de inhabilitación, que hubiesen ocasionado algún tipo de problema al gobierno del ayuntamiento, han desaparecido.

--¿Se considera víctima después de todo lo que ha ocurrido?

--Sí, de unas personas aprovechadas que denuncian con la única intención de sacar dinero. La presidenta de la asociación alquiló el local para ayudar a este matrimonio, que habían echado a la calle de un anterior negocio. Guadalupe Iglesias les ayudó e incluso la asociación les facilitó dinero para medicinas para sus hijos. Guadalupe Iglesias ha sido profundamente traicionada por estas personas.

--¿Y el ayuntamiento ayudará a Guadalupe Iglesias, condenada al pago de una multa?

--En ningún momento vamos a dejar sola ni a Guadalupe Iglesias ni a nadie del movimiento vecinal. Hay que darle un apoyo económico que necesita; por parte del ayuntamiento, de la federación de vecinos o de los concejales, si fuera preciso.

--Los denunciantes dicen que pedirán 60.000 euros al ayuntamiento por el desalojo...

--Eso es una tontería porque el desalojo se hizo en un momento dado porque se habían cambiado las cerraduras, allí no podía entrar nadie. Las personas que interpusieron la denuncia se apoderaron de un edificio que es de todos los ciudadanos. Hubo un momento en que el ayuntamiento, con las vías administrativas oportunas y con su asesoría jurídica, tuvo que desalojar. Y ese mobiliario está en los depósitos municipales.

--¿Le gustaría realizar algún agradecimiento especial?

--A mi familia, a mis amigos, al alcalde, a los compañeros del grupo municipal, a mi partido y su presidente, Carlos Floriano, al presidente local del PP, José Diego, al portavoz de IU en el ayuntamiento, Santiago Pavón, al presidente de la diputación, Juan Andrés Tovar, a la secretaria local del PSOE, Emilia Guijarro, al presidente provincial del PSOE, Ramón Ferreira... Aún hoy sigo recibiendo numerosas llamadas y mensajes en mi teléfono de personas de dentro y fuera de la ciudad, cosa que agradezco profundamente.