El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 7 acaba de archivar una denuncia por tráfico de drogas contra una de las tres asociaciones de marihuana que existen en la capital cacereña, en concreto la Asociación Cannábica de Cáceres. El colectivo, al que pertenecen 23 personas (de entre 30 y 62 años), produce cannabis para el consumo propio de sus miembros. Tras llevar a cabo una investigación el juez estima que, «de lo actuado, no aparece debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de esta causa».
Fue el olor a marihuana el que alertó a los vecinos. La asociación nació hace cinco años pero hasta ahora el olor no había traspasado las paredes del lugar en el que plantan el cannabis (los miembros del colectivo prefieren que no se haga pública la ubicación de su sede). La razón viene motivada porque adquirieron un nuevo extractor que estaba estropeado, por lo que el olor de las plantas comenzó a notarse en el exterior.
Tras la denuncia se personó en el domicilio la policía, que no pudo realizar ningún registro al carecer de orden judicial. Después se abrió una investigación que ha concluido con el sobreseimiento de la causa. La justificación, señala la abogada que se ha encargado de la defensa del colectivo, Estrella Santiago, se basa en que su actividad no trasciende del «consumo colectivo». Es decir, no favorece ni impulsa el consumo de cannabis, ni se trafica con esta droga. El Tribunal Supremo subraya en una de sus sentencias que el cultivo compartido de cannabis, si se acredita que es exclusivo y excluyente de quienes promueven la producción, puede carecer de relevancia penal. Es lo que ha ocurrido en este caso.
Todos los que pertenecen a la asociación consumen por placer, excepto uno de sus miembros, una mujer de 47 años que padece el síndrome de piernas inquietas y a la que se ha prescrito el consumo de cannabis. También han pertenecido a esta asociación enfermos de cáncer o de fibromialgia.
UNIVERSITARIOS / Todos tienen estudios universitarios (entre los miembros hay médicos y profesores titulares de universidad) y son consumidores habituales de marihuana. Decidieron crear el colectivo para producir la droga y evitar así tener que comprarla en el mercado negro. Consumen de media dos o tres gramos diarios cada uno (el máximo legal son diez gramos) y la producción que tienen ahora mismo en marcha es de 50 plantas. Una de las razones que ha llevado al juzgado a archivar la causa es precisamente que pudieron acreditar que lo que se plantaba era lo justo para el consumo de cada uno de ellos. En los estatutos figura lo que consume cada miembro y la plantación nunca puede ser superior al sumatorio del consumo de todos; ya que eso podría significar que, con el sobrante, se negocia.
En el juzgado también presentaron sus cuentas, en las que no se contemplan beneficios. Cada socio aporta una cantidad en función de lo que consume. Una vez que la plantación da sus frutos se reparte la marihuana en relación al dinero aportado por cada uno. Normalmente suelen plantar cada dos o tres meses.
No quieren crecer en número de miembros para evitar problemas y que el consumo llegue a terceros. Por eso también son muy selectivos a la hora de aceptar nuevos socios. «Se intenta sobre todo que no sea gente demasiado joven que pueda desvirtuar la actividad», indica el portavoz del colectivo, en cuya casa se encuentra la plantación.
En la capital cacereña existen otras dos asociaciones para el consumo de cannabis (una nació hace una década y la otra hace un año). Ahora quieren unirse para poner en marcha una federación cannábica que aglutine a todos los colectivos de la región.
