El juez del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Cáceres decide si los tres bomberos expedientados por la Diputación de Cáceres estaban o no ejerciendo sus funciones. Los hechos juzgados se remontan al pleno de la corporación provincial del 30 de diciembre del 2005, al que acudieron los tres bomberos e insultaron al presidente de la diputación, Juan Andrés Tovar y a otro diputado.Según informa la agencia Efe, si los bomberos acudieron a la reunion como personas libres para protestar por el incumplimiento de unos acuerdos relativos al servicio adoptados por los responsables políticos, la vía contenciosa, según su abogado, no sería la competente para juzgarlos, sino la penal, por la que ya quedaron absueltos por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 6 de Cáceres los nueve bomberos inicialmente expedientados. En este juicio no se presentaron los abogados de la Diputación de Cáceres y tanto el juez como la fiscal entendieron que no había pruebas que acreditaran faltas contra el orden público ni desobediencia contra la autoridad. En el caso de que el juez de lo contencioso entendiera que los bomberos actuaban como tales y no como personas que protestan libremente, el caso sí tendría que ser resuelto por este juzgado. Sin embargo, según el abogado de los bomberos, no sería lógico que en la vía de lo penal se considere que no hay pruebas que acrediten los hechos por los que son acusados y en este otro juzgado se dijera que sí las hay. La Diputación de Cáceres expedientó inicialmente a nueve bomberos, aunque, después de ser absueltos de toda responsabilidad penal, finalmente impuso sanciones disciplinarias a tres. Para la defensa de los bomberos, acudieron al pleno como "ciudadanos libres a pesar de que alguno pudiera llevar una prenda reglamentaria, pero el reglamento es muy estricto y dice que sólo podrán ser sancionados cuando se encuentren en el ejercicio de sus funciones, es decir, trabajando como bomberos". En este sentido, además de considerar que deben ser absueltos, estima que la sanción que piden, de suspensión de empleo y sueldo durante tres meses, con una pérdida económica de 6.000 euros brutos, "es desproporcionada". Por su parte, la letrada de la diputación considera que los bomberos actuaron como funcionarios públicos, en un acto institucional y en una protesta laboral. Según explica, hay sentencias que indican que los funcionarios no deben estar en horario de trabajo para poder incurrir en una falta grave de desconsideración hacia un superior jerárquico, y señaló que se ningún modo puede entenderse las declaraciones de los bomberos como un ejercicio de libertad de expresión, como aduce su defensa.