La Junta colaborará estrechamente con la Fiscalía de Cáceres para esclarecer los supuestos malos tratos a menores tutelados en el centro de acogida Julián Murillo por parte de cuatro cuidadores dependientes de la diputación provincial. Así lo aseguró ayer la consejera de Igualdad y Empleo, Pilar Lucio, quien corroboró que al margen de las investigaciones judiciales hay otras dos administrativas abiertas por este caso, que saltó a la luz pública el pasado mes de agosto.
La Fiscalía, a la que la Junta dio a conocer estos hechos tras recibir una denuncia de compañeros de los supuestos maltratadores, ha tomado la decisión esta semana de formular denuncia a su vez ante el juzgado para que abra diligencias y se investiguen judicialmente los hechos, en los que hay indicios de delito, según fuentes de la Fiscalía.
DECLARACION Los trabajadores denunciantes declararon ante la fiscal del caso y corroboraron los hechos que comunicaron previamente a la Junta. Estas declaraciones, con los informes enviados por la Junta de Extremadura, han sido la base de la decisión de trasladar las diligencias al juzgado al considerar que los hechos denunciados pueden ser constitutivos de delito y "antes de que el proceso se dilate en el tiempo", explicaron las mismas fuentes. "Preferimos que sea el juez el que decida sobre estos hechos aún de apariencia delictiva", añaden. Aún no han declarado los cuidadores a los que hace referencia la denuncia.
La denuncia de la Fiscalía, que aún ayer no se había trasladado formalmente al juzgado, sólo supone que se han detectado indicios de delito, aunque el juez podría archivar la causa. Será fundamental para formular una acusación que los testigos mantengan sus declaraciones.
La plantilla del Julián Murillo se divide entre los trabajadores que dependen de la Junta de Extremadura y los que dependen de la diputación provincial, aunque la gestión es competencia de la Administración regional. En el centro trabajan 28 educadores auxiliares que atienden a una treintena de menores, de 1 a 6 años, según el momento.
La consejera de Igualdad insistió ayer ante los medios de comunicación de que este hecho es "puntual", informa Europa Press, y que aún no se tiene notificación oficial de la Fiscalía sobre su decisión de trasladar la causa al juzgado. "Cuando reciba notificación, se estará a disposición de los juzgados para cualquier declaración", apuntó.
DESATENCION Pilar Lucio recalcó que el objetivo de la Junta es "atender" a los menores tutelados por la Administración autonómica y que estos estén "protegidos", de ahí la apertura de la investigación interna tras conocerse los hechos y presuntos malos tratos, en los que no se descarta que también fueran físicos, aunque leves. De hecho, todos los menores se encontraban bien cuando se conocieron los hechos, según la Junta que apuntaba a un caso puntual de "desatención o desprotección" por parte de algunos empleados.
La consejera recordó, no obstante, que la diputación provincial mantiene abierta igualmente una investigación al ser trabajadores de esta institución los presuntos autores de las agresiones.
