El juzgado de instrucción número 5 ordenó en un auto del pasado 7 de febrero la ejecución de su sentencia de octubre de 2013 que declaró la resolución de los contratos de compra venta de viviendas de promoción pública entregadas a sus adjudicatarios en 1988. En la sentencia se estimó la demanda presentada por el ayuntamiento. El auto judicial afecta a 22 titulares de contratos y ocupantes posteriores de las casas. Desde el ayuntamiento se aseguró ayer que no hay interés en quedarse con las casas ni en que haya desahucios y se explicó que se instó al juzgado a la ejecución para que «no expirasen los plazos». La pretensión del ayuntamiento es que los adjudicatarios de las viviendas hagan frente a su pago.

La citada sentencia no es la única dictada en los últimos años por la problemática que se generó a raíz de la entrega de viviendas de promoción pública en el año 1988 en Aldea Moret sin que inmediatamente después se escriturasen y se procediese a su pago por los adjudicarios. Fueron 767 viviendas en tres barrios. En Moctezuma y Espíritu Santo se regularizó casi tres lustros después, mientras que en Aldea Moret, donde más viviendas se edificaron, sigue habiendo casas que están sin regularizar.

La sentencia del juzgado de octubre de 2013 afecta tanto a titulares de los contratos de compra venta firmados en 1988 que aún no han pagado como a ocupantes posteriores de las casas, en dos de los casos la responsabilidad recae en herederos. Todas las viviendas están en el bloque B de la calle Ródano. La sentencia no solo declaraba la resolución de los contratos, sino también la nulidad de cualquier acuerdo entre privados que amparase la ocupación de las casas.

AUDIENCIA / En una de las primeras sentencias se concluyó que los derechos del ayuntamiento para reclamar la resolución de los contratos por impago habían prescrito, pero en la sentencia posterior de la audiencia se determinó que requerimientos hechos por el ayuntamiento habían interrumpido la prescripción, criterio que se siguió en las posteriores resoluciones judiciales.

Este asunto ha pasado por todas las corporaciones locales habidas en la ciudad desde las primeras elecciones democráticas en 1979, la decisión de partida se tomó en 1982. Las 767 viviendas se entregaron entre los años 1987 y 1988. Los adjudicatarios dieron una entrada con la entrega de las llaves. Pero las escrituras no se pudieron formalizar en ese momento por deficiencias en los inmuebles y por la falta de la certificación final de obra, que no se obtuvo hasta junio de 1994, fue entonces cuando «el ayuntamiento debió cumplir con su obligación de elevar los contratos privados a documento público en el plazo de seis meses», según la consideración que hace el juzgado en una de las sentencias por viviendas del bloque B de Ródano.

En la misma resolución se recordó que no fue hasta 2001 cuando el ayuntamiento inició los trámites para elevar a escritura pública los contratos de la calle Ródano. Ese mismo año el ayuntamiento suscribió un acuerdo con Caja Extremadura por el que la entidad bancaria concedía 760 préstamos hipotecarios para que los adjudicatarios de los pisos de promoción pública financiasen su compra.

PRECIOS / Los precios de los pisos están entre los 15.000 y los 25.000 euros (se mantienen los valores de 1987 y 1988). Las condiciones del préstamo al que pueden subrogarse los titulares de los contratos son las de una cuota mensuales de entre 172 y 99 euros, si el periodo de amortización es de 18 años, y de entre 95 y 55 si el plazo es de 30 años.

Si en Moctezuma y Espíritu Santo se pudo regularizar la situación, en Aldea Moret no ha ocurrido lo mismo. Hace cuatro años se hizo un requerimiento a titulares de los contratos, entonces se dirigieron a unos doscientos adjudicatarios que ocuparon las casas en 1988 y que aún no habían formalizado la escritura. Esta campaña generó rechazo entre residentes de viviendas, que plantearon alternativas como el alquiler social y que demandaron que antes de hacerse cargo del pago de los pisos se reparasen las deficiencias, además expusieron que había casos en los que los ocupantes de las casas eran pensionistas con una prestación baja o parados de larga duración con una media de ingresos de en torno a 400 euros.