Las diligencias judiciales abiertas en Cáceres por las protestas que se llevaron a cabo ante la sede local del PP en la noche del pasado 13 de marzo, jornada de reflexión, están a punto de concluir.

La instrucción de este caso la lleva a cabo, desde hace ya un par de meses, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Cáceres, que ayer confirmó a EL PERIODICO que la investigación está a punto de concluirse. "Hoy mismo (por ayer) han declarado otros dos imputados, tras lo cual sólo resta tomar declaración a un último imputado, por lo que estimamos que en un plazo de ocho o diez días el procedimiento estará resuelto", concretaron a este diario las fuentes judiciales.

Aunque desde diferentes estamentos se ha solicitado hace ya tiempo el archivo de estas diligencias, las mismas fuentes indicaron que antes de tomar una decisión al respecto se ha de concluir todo el proceso, como es la toma de declaración a todos y cada uno de los imputados. Insistieron, no obstante, en que la resolución, bien referente al archivo de la causa o bien a la continuación del procedimiento judicial, se tomará en breve.

PETICION DE ARCHIVO Dos denuncias coincidentes, la del PP ante la Fiscalía y la de tres particulares ante la comisaría cacereña, así como un informe remitido al juzgado por la policía local, hicieron que en Cáceres se iniciara el proceso judicial por la manifestación del 13-M, imputándose a unas 15 personas un presunto delito electoral.

Con ellas se han solidarizado cientos de personas, que se han autoinculpado y también han solicitado el archivo de la causa, algo que también han hecho oficialmente sus abogados.

Así, por ejemplo, Juan María Expósito, letrado de al menos seis de los imputados, solicitó "el sobreseimiento libre y total y archivo de las diligencias, por no ser los hechos denunciados constitutivos de delito alguno". Pide el archivo por entender, señala en el escrito dirigido al juzgado, que tras las numerosas diligencias practicadas "resulta patente que los hechos investigados no son constitutivos de ningún delito ni infracción penal".

Basa esta consideración, entre otras cuestiones, en el hecho de que en ninguno de los informes policiales "se narra hecho concreto alguno que pueda ser tipificado como delito electoral..., ni se describe hecho que pudiera constituir por sí mismo un acto de propaganda electoral prohibido penalmente..., ni que la concentración la organizara alguna formación política que concurriera a las elecciones".