Estos días se está celebrando un juicio para depurar responsabilidades en los ruidos producidos por locales de ocio en la Madrila en el que se juzga a dos políticos. Este proceso llega muy tarde, no tiene en el banquillo a todos los responsables ni aportará por tanto una solución a los problemas que con grave irresponsabilidad, dejadez de funciones y falta de dirección política se han originado en este céntrico barrio de Cáceres. Las molestias comenzaron a ser insufribles hacia finales de los años setenta del siglo pasado cuando dirigentes políticos se ufanaban de la concentración de bebedores, indígenas y foráneos, que acudían a lo que con todo descaro llamaron acontecimiento cultural y han ido en aumento sin que se pusieran las soluciones adecuadas. Se concedieron licencias indiscriminadamente sin tener en cuenta los problemas que originaría la acumulación de establecimientos en una zona residencial situada en el centro de la ciudad.

No se elaboró una ordenanza de sobresaturación sensata que restringiera la apertura de locales en el lugar sino todo lo contrario. Se concedieron licencias para poner equipos de música e incluso se permitieron y fomentaron actuaciones en directo sin exigir las reformas necesarias para evitar que los ruidos se propagaran hacia las viviendas. No se escucharon las protestas de los vecinos como lo demuestra que durante muchos años se produjeran denuncias sin que tuvieran la respuesta oportuna. Las mediciones de ruidos no se podían hacer por carecer del aparato imprescindible y cuando se tuvo no se hacían adecuadamente ni asiduamente. El consumo fuera de los establecimientos no se sancionó, ni se sanciona en estos momentos como debiera ser, lo que conlleva un extraordinario ruido en la calle.

Así pues, este juicio quedará como la búsqueda de un chivo expiatorio que carga con la culpa de otros muchos. Nadie puede hacer de nuevas pues el problema era un clamor en la ciudad y por lo tanto hasta podía haber permitido a un fiscal a intervenir de oficio..